El secretario general del PSPV y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, Ximo Puig, considera que el Gobierno debe explorar todas las medidas jurídicas que sean necesarias para evitar que los ciudadanos puedan terminar pagando la indemnización de 1.700 millones de euros a ACS por el valor residual de la inversión efectuada en el proyecto de almacenamiento de gas Castor (Castellón), actualmente paralizado.
«Yo creo que hay que explorar todas las medidas jurídicas. Hay que trabajarlo seriamente. No sé si el Ministerio lo está trabajando seriamente pero habría que trabajarlo muy seriamente porque hay una primera instancia pero hay otros elementos», ha asegurado Puig en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, lo que no puede hacer «en ningún caso» la administración española «es bajar los brazos y pagar sin más» y, por ello, insiste en que el problema sobre el que hay que profundizar es saber si la ejecución del proyecto de almacenamiento de gas subterráneo ha sido correcta o no, y «no tanto el proyecto en su conjunto».
«Eso es un elemento que no se ha situado a título judicial. Si lo que se trata simplemente es decir si el contrato dice una cosa, hay que cumplirla. Pero hay que ver por qué se ha producido, si las decisiones que se tomaron a la hora de ejecutar el proyecto fueron las adecuadas o no», ha insistido.
Este proyecto contó con la luz verde del anterior Gobierno socialista en el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 fue el que aprobó un decreto por el que se otorgaba la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor, un yacimiento de titularidad estatal, con categoría ‘A’, es decir, sin condicionante alguno, y además declarándolo urgente, con la consecuente agilización de plazos.
En este sentido, Ximo Puig indica que «siempre hay que asumir responsabilidades», aunque incide en que fue un proyecto que se inició en la época del ministro Josep Piqué, con el Ejecutivo de Aznar, y pasó a los gobiernos correspondientes.
«ESTRATEGIA CLARA»
«Eso no quiere decir que estemos no asumiendo lo que le corresponda al PSOE. Pero más allá de esa guerra permanente de unos contra otros, que no conduce a nada, habría que trabajar en una estrategia clara de que a los españoles les costara los menores recursos posibles», ha insistido el diputado valenciano.
Finalmente, el secretario de los socialistas valencianos cree que, si ha habido en este proceso algunas autoridades que han actuado incorrectamente se deben asumir las responsabilidades correspondientes.