Chiva baja el IBI al mínimo legal permitido

Fachada del edificio del Ayuntamiento de Chiva vista desde la plazaFachada del edificio del Ayuntamiento de Chiva

Chiva baja el IBI al mínimo legal permitido.  El Ayuntamiento de Chiva ha aprobado por unanimidad, en el pleno de esta mañana, la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 0,83%, el mínimo legal permitido.

La propuesta ha contado con la aprobación por unanimidad de los ocho partidos políticos que integran el plenario, y a la propuesta del equipo de gobierno se ha sumado una enmienda del PSOE que ha sido aprobada por todos los grupos municipales.

La bajada del gravamen es de un 9% en total, tras la subida en los dos últimos ejercicios de un 4%, lo que redundará en beneficio de los chivanos, que dejarán de pagar casi 98.000 euros. Además, la ordenanza contiene una serie de bonificaciones en el IBI.

Con un informe positivo de tesorería a la propuesta del equipo de gobierno, la modificación de la ordenanza fiscal se ajusta a lo establecido en la revisión del Plan de ajuste de 2013, así como al principio de estabilidad presupuestaria.

El alcalde de Chiva, Emilio Morales, ha asegurado que  es la primera que se baja el IBI en Chiva en las dos últimas legislaturas y  ha mostrado su satisfacción a que el PP lo haya apoyado, puesto que “mientras gobernaban los populares se  incrementó considerablemente”, ha señalado.  Asimismo, ha añadido que esta reducción “es el máximo de lo que nos permite la ley de estabilidad presupuestaria”.

Además, se ha aprobado la modificación de una  parte de la ordenanza fiscal para aprobar diversas medidas en materia de fomento de los alquileres,  tras la creación del Programa de Alquiler Social.  La Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles incluye un apartado para que se aplique un recargo a las viviendas de uso residencial que se encuentren desocupadas con carácter permanente, y una bonificación para las que formen parte del parque alquiler social. Aunque esta modificación de recargo y de bonificación no entrará en vigor hasta que el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana legislen sobre la materia.