El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Chiva a pagar un total de 690.244 euros a los propietarios de 2 parcelas en las que se construyó el campo de fútbol La Murta, al considerar como urbanizado el suelo y no rústico.
El caso arranca en 2010, cuando, bajo el gobierno del Partido Popular de José Manuel Haro, el Consistorio decidió construir un nuevo campo de fútbol en la zona de La Murta. Para ello, se negoció con una quincena de propietarios que sumaban los 17.600 metros cuadrados necesarios para la obra. A dos de ellos se les expropió, pagando un precio como suelo rústico de 15,31 euros el metro cuadrado. De esta forma, el Ayuntamiento pretendía pagar 21.500 y 15.590 euros por cada una de esas dos parcelas.
Los propietarios expresaron su disconformidad y el caso acabó en el Jurado de Expropiación Forzosa, que determinó en 2013 un precio mayor para la expropiación, incrementando el precio del metro cuadrado hasta los 99,91 euros. Esto suponía valorar las parcelas en 140.811 y 102.079 euros, respectivamente. Tanto los propietarios como el Ayuntamiento de Chiva manifestaron su disconformidad.
El TSJCV multiplica el valor por tres
El caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, ahora, ha determinado que el suelo es urbano y ha multiplicado en su sentencia el valor del suelo por tres con respecto a lo que estimó el Jurado de Expropiación Forzosa, pasando a fijar un precio de 284,99 euros el metro cuadrado. Esto supone dar valor a una parcela de 400.125 euros y a la otra de 290.119, en total 690.244 euros.
Gestión negligente
Por su parte, el alcalde de Chiva, Emilio Morales, ha manifestado que la sentencia «demuestra el grado de irresponsabilidad del anterior gobierno del PP de Chiva, porque evidencia la gestión negligente que han hecho durante años, puesto que no hacía ninguna falta un nuevo campo de fútbol, como ya dije en su momento cuando estaba en la oposición».
Por otra parte, Morales ha mostrado su malestar, ya que el Ayuntamiento tendrá que pagar una sentencia judicial, ha remarcado, «propiciada por la insensatez en la gestión del gobierno del PP, que aseguraba que unas parcelas valían 37.090 euros y no los 690.000 euros que hay que pagar».