La Diputación de Valencia ha legalizado los contratos de Seguridad y Mantenimiento, que se encontraban hace meses, en el primero de los casos años, sin regularizar y el montante de ambos contratos roza los 7 millones de euros. Así, la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia ha aprobado los pliegos y prescripciones técnicas que han de regir los nuevos contratos de Seguridad y Vigilancia y Mantenimiento de la Corporación, que habían excedido ya los anteriores límites contractuales.
En el caso del contrato de Seguridad y Vigilancia, con un presupuesto de contrata máximo de 4.051.838,52 euros, IVA incluido, el área de Administración General que dirige Pepe Ruiz ha incluido nuevos servicios como el de técnico de mantenimiento, vigilancia móvil y vigilancia en complejo, se han ampliado las habilitaciones profesionales requeridas y se impide la subcontratación.
Los pliegos originales de este contrato, de enero de 2011, fueron tumbados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo que sumado a la nueva Ley de Seguridad Privada que vio la luz en junio de 2014, han llevado al actual equipo directivo de la Diputación a replantearse un contrato que se adjudicará en base a criterios económicos, que deben incidir a la baja en el coste final adjudicado, y la inclusión de cláusulas sociales que fomentan la igualdad de oportunidades y combaten la violencia de género.
El objeto de este contrato de Seguridad es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad en las 14 dependencias provinciales, desde los palacios de la Scala y la Baylia hasta la Plaza de Toros, la Beneficència, el MUVIM, el complejo de Bétera, la Escuela de Requena, el Parque Móvil o el Servicio de Gestión Tributaria. En este servicio entra la conexión a la central receptora de alarmas, el depósito de llaves, la verificación de alarmas- mediante el desplazamiento al edificio en que se produzcan- vigilancia móvil en algunas dependencias y el mantenimiento preventivo y técnico de los sistemas de intrusión.
En cuanto al personal necesario para prestar este servicio de vigilancia, se calcula un mínimo de 127 vigilantes de seguridad y un inspector, con la previsión de un puesto de director de seguridad que permita una gestión integral de la vigilancia. El nuevo contrato contempla, además, el aumento del servicio en el MUVIM, la Beneficència y el complejo de Bétera, un protocolo de actuación en videovigilancia, la reducción de servicios ligada a mejoras en las instalaciones, la cobertura de nuevos edificios como la escuela de Requena y la reducción del período de contratación de cuatro a un año, más otro prorrogable.
Entre los criterios sociales incluidos en los pliegos aprobados por la Junta de Gobierno, destacan el informe de género con datos por sexo de la plantilla que deberá elaborar el contratista; el Plan de Igualdad obligatorio y la obligada mejora de las condiciones de paridad si se producen nuevas contrataciones; las medidas para prevenir y erradicar el acoso sexual y las medidas legales previstas para casos de violencia de género. Estas cláusulas sociales y el criterio económico decidirán el adjudicatario de este contrato de seguridad y vigilancia para el próximo año.
2,6 millones para Mantenimiento
El otro contrato cuyos pliegos se han aprobado en la Junta de Gobierno es el de Mantenimiento, con un presupuesto máximo de 2.328.000 euros más IVA y un período de dos años. El objeto de este contrato es el mantenimiento integral de los 45 edificios, algunos de ellos de carácter histórico, propiedad de la Diputación de Valencia.
Este contrato estaba prorrogado desde enero de 2015 y, en su nueva adjudicación, cubrirá siete plazas de personal de mando y administrativo, entre arquitectos, técnicos industriales, encargados de obra, electricistas y administrativos, y 30 puestos de trabajo de personal de oficios, de fontaneros a electricistas, informáticos, albañiles, frigoristas, peones y auxiliares de oficios varios.
El criterio de adjudicación será igualmente la oferta económica más competitiva y las mejoras objetivas. Además, el nuevo contrato incluye un mayor control hacia el adjudicatario en el cumplimiento de las condiciones pactadas, así como los criterios sociales incluidos en el contrato de Seguridad y Vigilancia.