La nueva ley local se atraganta en los presupuestos para 2014

La nueva Ley de Administración Local no está teniendo, pese a que era lo que se pretendía, un aterrizaje suave. Aunque se publicó en el BOE casi el último día del año, el 30 de diciembre, ya está afectando en los presupuestos para 2014 de algunos Ayuntamientos.

Es el caso de Rocafort, gobernado por la socialista Amparo Sampedro, que todavía no ha aprobado el presupuesto definitivo para este año. El interventor de este Ayuntamiento, explican fuentes del PSPV, ha advertido al equipo de Gobierno de que no puede presupuestar aquellos servicios que, según la nueva norma, ya no son competencia municipal.

Y es que la ley traspasa la competencia sobre la mayoría de los servicios sociales, así como las materias de Educación y Sanidad, a los Gobiernos autonómicos y las Diputaciones. El problema es que ese cambio de titularidad se hará en un período de dos años, durante los cuales la prestación de estos servicios queda en una especie de limbo financiero, pero también jurídico.

Porque además, la advertencia del interventor del Ayuntamiento de Rocafort revela que los consistorios pueden incurrir en ilegalidades si quieren seguir prestando esos servicios que, para los alcaldes, son necesarios. Sobre todo en lo que respecta a la atención a personas discapacitadas, mayores o víctimas de violencia de género.

De momento el Ayuntamiento ha optado por echarle imaginación y tratar de “readaptar” aquellos servicios que quiere seguir prestando a las competencias que explícitamente le son propias, tal y como ha explicado a VLCNews el portavoz del equipo de Gobierno, Víctor Jiménez.

Así, por ejemplo, el interventor advirtió de que el consistorio no podía seguir otorgando ayudas para la compra de libros de texto. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es comprar esos libros a través de la biblioteca municipal y realizar préstamos con validez para todo el curso académico a las familias con menos recursos.

Pero hay otros servicios que no se podrán seguir prestando, como el cheque-bebé o las ayudas a parados para sacarse el carnet de conducir.

De ahí la pregunta que lanzaba el martes el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus: ¿quién va a pagar esos servicios? Porque Rus, alcalde de Xàtiva, es consciente de que son los Ayuntamientos los primeros que responden ante la ciudadanía de esas necesidades y derechos que reclaman ver satisfechos.