El mundillo televisivo valenciano anda revuelto a pocos días de que se cumpla un año -29 de noviembre- del cierre de RTVV. El Tribunal Supremo dicta que TV3 se pueda ver en la Comunidad Valenciana, la Diputación de Valencia anuncia ayudas para televisiones que cubran el hueco de C9, y hay un cambio de adjudicatario para la licencia de la televisión de LP.
Precisamente este martes el Tribunal Supremo ha anulado el cese de las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana, al entender que la Generalitat no tenía competencias para sancionar el uso de repetidores para estas emisiones en tierras valencianas, así como la multa de 100.000 euros impuesta a la Fundación Ramón Muntaner.
Los hechos se remontan al año 2008, cuando la Directora General de Promoción Institucional dictó una resolución en febrero, confirmada en alzada por la Secretaría Autonómica de Relaciones con el Estado y Comunicación, en la que se acordaba como medida de carácter provisional el cese de las emisiones, y le daba 10 días a la Fundación Ramón Muntaner para ello, bajo advertencia de ejecución forzosa de la medida.
Seguidamente, en otra resolución, con fecha de julio, se impuso a la fundación una sanción de 100.000 euros y se ordenó el cese inmediato de las emisiones televisivas.
En este contexto, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha renunciado a emitir para evitar nuevas multas. Desde este colectivo califican, además, como «remota» la posibilidad de retomar las emisiones del canal autonómico catalán.
LA TELEVISIÓN DE LA DIPUTACIÓN
La Diputación de Valencia ha licitado por 2.685.000 euros, IVA excluido –más de 3 millones en total–, su servicio de televisión, como se recoge este miércoles en el anuncio que publica a través del Servicio de Contratación y Suministros en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La corporación provincial, que da un plazo de 16 días para que se presenten ofertas, elegirá la propuesta económicamente más ventajosa.
El anuncio de esta contratación publicado en el BOP indica que el plazo de duración del contrato se establece en un año desde su formalización. No obstante, éste puede ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, con una antelación mínima de tres meses a su vencimiento por un periodo máximo de seis meses. La duración total del contrato incluida la prórroga no podrá exceder de un años y seis meses.
La tramitación de este concurso será ordinaria y su procedimiento, abierto. El presupuesto del contrato se ha fijado en 2.685.000 euros, IVA excluido correspondiente a la duración inicial del contrato –los licitadores deberán reflejar en sus ofertas el importe del IVA como partida independiente–.
El prestador del servicio deberá ser concesionario de una licencia de comunicación audiovisual de cobertura como mínimo autonómica, dado que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, no prevé el ámbito de cobertura provincial del servicio de comunicación audiovisual televisivo.
La corporación provincial precisa en el anuncio del BOP que entre las condiciones de prestación del servicio se incluye que su contenido sea emitido mayoritariamente en valenciano, así como los contenidos a emitir. La calidad de éstos será controlada por el responsable del contrato.
La Diputación de Valencia ha comentado que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer un servicio «que la gente ha pedido desde el cierre de la radio y la televisión públicas valencianas».
CAMBIO DE ADJUDICATARIO DE LA LICENCIA DE LP
Esta iniciativa de la Diputación se produce días después de que el Consell autorizara la cesión a la firma Beovisión de la licencia de ámbito autonómico de TDT adjudicada en su día a Las Provincias TV y que ésta había cedido a una teletienda.
Beovisión, una empresa del grupo Mecomlys, cuyo propietario es Ángel Raga, titular de los estudios Galaxia y de Canal 7 (que cuenta con el apoyo logístico de otros canales locales o comarcales de la CV lo que le convierte de facto en una tercera televisión casi autonómica), llegó a un acuerdo con la adjudicataria del grupo Vocento para explotar la licencia.
Raga participó en el grupo de empresas que ganó lotes de externalización de la programación de Canal 9 antes de su cierre. La otra TDT de ámbito legal y plenamente autonómico es TV Mediterráneo, participada por la Conferencia Episcopal a través de la Cope.