La Comisión de Hacienda del Congreso ha rechazado este miércoles con los 21 votos de PP y Ciudadanos una propuesta de Democracia y Libertad (DL) para pedir al futuro Gobierno un nuevo reparto entre administraciones de los objetivos de déficit acordados con Bruselas para 2016.
El portavoz de Hacienda de los independentistas catalanes, Ferrán Bel, ha recordado que el «mayor esfuerzo» de consolidación fiscal durante la pasada legislatura lo realizaron las comunidades y los ayuntamientos, pese a ser las administraciones que más porcentaje de sus recursos destinan a gasto social.
De hecho, el reparto aprobado año tras año por el Ejecutivo ‘popular’ ha sido «absolutamente injusto e inasumible» e incumplía sistemáticamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en una de sus disposiciones preveía un periodo transitorio para que entre 2012 y 2020 el peso del déficit estructural de las comunidades autónomas en el conjunto del déficit estructural de todas las administraciones fuera el mismo que el 1 de enero de 2012.
No hace falta renegociar con Bruselas
Por eso, DL defiende la necesidad de plantear un nuevo reparto de los objetivos de déficit para 2016, que actualmente dan un margen del 2,9% al Estado, del 0,7% a las comunidades autónomas y del 0% a los ayuntamientos.
Una decisión que «depende del Gobierno español, y no de las autoridades europeas», por lo que a juicio de Bel la medida se podría aprobar independientemente del objetivo de renegociar la senda de consolidación fiscal general con Bruselas, tal y como pretenden algunas formaciones y con lo que DL está de acuerdo.
La portavoz de Hacienda de ERC, Ester Capella, ha coincidido con este análisis, llegando a afirmar que el reparto de los objetivos de déficit la pasada legislatura ha sido «un ataque directo» a las competencias autonómicas y ha criticado que la fijación de un techo de gasto «sin criterios objetivos» ha conllevado «recortes de servicios básicos» en plena crisis.
En la misma línea, su homólogo del PNV, Íñigo Barandiaran, ha señalado que las comunidades autónomas se han visto «perjudicadas» por las políticas decididas por el Estado y por la «recentralización de muchos servicios» y ha recordado que, además de la sostenibilidad financiera, debe buscarse la «sostenibilidad social» del Estado del Bienestar para que los ciudadanos reciban los servicios que necesitan en cada momento.
Habría que esperar
Por su parte, al diputado ‘popular’ José Vicente Marí le ha «sorprendido» que DL plantee esta propuesta sin esperar a la resolución del contencioso sobre el reparto del déficit abierto por la Generalitat de Catalunya, y antes de que se formule el Programa de Estabilidad y se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Además, ha negado que se esté incumpliendo ningún aspecto de la Ley de Estabilidad y ha achacado los problemas financieros y presupuestarios de las comunidades autónomas al «perjudicial» sistema de financiación, insistiendo en que la consolidación fiscal no busca «fastidiar a nadie» sino «garantizar el Estado del Bienestar».
«Determinadas políticas equivocadas de gasto público siempre vienen acompañadas de un ‘es que estoy infrafinanciado’ y para determinadas políticas descontroladas de gasto público ni todos los sistemas de financiación del mundo son suficientes», ha añadido, recordando en cualquier caso que los objetivos de déficit y el reparto entre administraciones se han revisado en años anteriores por lo que puede volver a hacerse.
Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos, considera que revisar el reparto del déficit es un «segundo paso» posterior a la negociación con la Comisión Europea (CE) de un nuevo objetivo global para 2016, y además apunta que «relajar» los objetivos de ajuste a las comunidades tampoco acabaría con todos sus problemas.
Hay que derogar la ley
En cuanto al PSOE, su portavoz de Hacienda, Julián López Millá, ha coincidido con el fondo de la propuesta de que hay que modificar la normativa para que la fijación de objetivos de déficit tenga en cuenta el tipo de gasto que hace cada administración, y no como ha sucedido en la pasada legislatura que el ajuste ha recaído sobre las comunidades sin valorar la importancia de sus competencias en plena crisis.
«Exigir más esfuerzos a estas administraciones ha desembocado en unos objetivos inalcanzables y que han llevado a cuestionar la propia política de estabilidad presupuestaria», ha añadido, reclamando un «proceso más gradual» de consolidación fiscal para España y otro reparto de objetivos.
Finalmente, Josep Vendrell, de En Comú Podem (Podemos), ha ido un paso más allá al reclamar la derogación de la Ley de Estabilidad y la aprobación de una nueva normativa que evite las políticas de austeridad, respete la autonomía regional y no perjudique a los ciudadanos.