El juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra la excúpula directiva de Ruralcaja por un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de insolvencia punible por el trasvase de 3 millones de euros que la entidad bancaria ordenó entre dos mercantiles del mismo grupo para poder satisfacer parte de una deuda en 2007.
La acusación se dirige, como autores principales, contra al expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer; al exvicepresidente José Montoliu; al ex director general de la entidad, Juan José Arrieta; José Virgilio Garzón, director de la sucursal que concedió el préstamo, y al legal representante de Cosesa y Afrepark, Pascual Serrano.
Además, como responsables civiles subsidiarios, contra Cajamar, entidad en la que se integró la antigua Caja Rural del Mediterráneo (Ruralcaja).
El juzgado fija fianza de responsabilidad civil por una cuantía de 400.000 euros para todos los acusados contra los que se abre el juicio oral, de forma conjunta solidaria. Asimismo, se señala la Audiencia Provincial de Valencia como órgano competente para conocer y fallar sobre la causa y, por tanto, a ella se remitirá una vez concluida la instrucción.
La causa se remonta a 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. -perteneciente al grupo Cosesa- para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero, aunque las obras no se hicieron.
Afrepark entró en concurso de acreedores y durante su tramitación el administrador concursal alertó de un posible fraude en el traspaso de 3.040.000 euros entre las cuentas de Afrepark y Cosesa para que ésta última cancelara una deuda con el banco.
Asimismo, con relación a Cosesa, consideran que la presunta apropiación del dinero supuso un beneficio consistente en reducir sus deudas con acreedores externos y, con ello, poder proponer y conseguir un convenio concursal con sus acreedores que se aprobó en diciembre de 2009.