¿Desastre ecológico (económico) en La Albufera?: humos, peces muertos y mosquitos

2014 será un año de transición que, sin embargo, podría no pasar nada desapercibido. Si las cosas no cambian, muy probablemente, será difícil de olvidar para los ciudadanos de Valencia, especialmente los de los municipios circundantes al lago de La Albufera o incluso para los más próximos a la Marjal Pego-Oliva. Y no me andaré con rodeos porque ya se han atisbado en el pasado más reciente los devastadores efectos de la ruptura del equilibrio del ecosistema en tales zonas. Los conocemos porque ya los hemos sufrido, pero el año próximo podrían  –condicional, lo remarco- reaparecer en su máxima y más lastimosa expresión: decenas, centenares de miles de peces muertos volverían a flotar sobre las aguas cada vez menos oxigenadas del lago o de la marjal, cadáveres putrefactos y aguas estancadas que atraerían a millones y millones de mosquitos,  entre ellos los ‘tigre’ que tantas atenciones de urgencia ya han provocado en tales zonas y sin alimento que llevarse a la boca, otra cifra preocupante de aves dejarían de anidar arruinando, aunque quizá sea lo de menos, la temporada de caza… el parque natural protegido quedaría desguarnecido al albor de una decisión administrativa y del tiempo, porque algo tan ¿inusual? como que llueva a mediados-finales de octubre podría servir para poner en bandeja el desastre.

Sí, 2014 será el año de transición entre la antigua y la nueva PAC (Política Agrícola Común), la campaña que se sabía que no cubriría el Plan de Desarrollo Rural (2007-13),cofinanciado  con fondos europeos FEADER, fondos estatales del Ministerio de Agricultura y fondos autonómicos de la Generalitat. Los jóvenes agricultores ya conocen que se han quedado sin las ayudas que se percibían por su incorporación al agro, los arroceros –de no mediar solución postrera- también se resignan a perder las que percibían como compensación por ser respetuosos con el delicado entorno en el que trabajan. La supresión de los entre 6,5 y 7 millones de euros que, con arreglo a tal PDR, venían percibiendo pondrá en jaque a unos productores ya envejecidos, hartos de deambular en el filo de la navaja de la rentabilidad, en un mercado oligopolístico en el que los precios vienen marcados, no por la oferta, la demanda o la calidad, sino por el más que probable pacto de cuatro o cinco grandes operadores, en el que los costes de producción se disparan cada año a consecuencia de las restricciones fitosanitarias (las propias del parque o las que impone Europa) o por la imparable inflación de la factura energética (de la luz y del gasoil)…

Se lo pensarán muy mucho a la hora de seguir trabajando los tancats, pero casi todos continuarán sembrando. La eliminación de las ayudas agroambientales supone, de una tacada, menguar un 30% las subvenciones públicas sin las cuales el cultivo, dados los precios casi inamovibles de mercado, no es viable. Cobrar el 70% restante del pago único –con la actual y la futura PAC- no requiere de cultivar, la condicionalidad exigida sólo habla en este caso y en la práctica de sembrar. Ante tal tesitura, la lógica empresarial definiría sólo una acción: sembrar e irse a casa, abandonar los campos y ahorrarse el resto de costes en el gasoil de los tractores, en la luz de los motores de riego, en los fitosanitarios y tratamientos, en la siega y la recolección… Pero los arroceros no son empresarios al uso y conocen los devastadores efectos que provocaría la no inundación de los tancats y el no cultivo del arroz. “Los agricultores amamos la tierra, estamos enamorados de este parque más que nadie, pero tenemos la capacidad económica que tenemos”, se lamentaba –ciertamente lacónico- un importante productor cuya identidad no revelaré para no responsabilizarle de las amenazas ciertas que hoy y para dentro de unos meses se ciernen sobre el parque nacional.

La Consellería de Agricultura, consciente del abismo ante el que se enfrenta, anda ahora reclamando “responsabilidad” a los agricultores damnificados. Muchos –y podría decirse que son de ésos que se engloban en el grupo de “responsables”- ya han preguntado por la posibilidad de volver a quemar, tras la siega, la paja del arroz para así ahorrarse los costes de su incorporación a la tierra. Sería factible porque –sin las compensaciones por dejar de emitir ése humo- se podrían pedir permisos para tal combustión alegando justificadas razones vinculadas al estado fitosanitario del cultivo. Ante la tesitura de quemar o el abandono, quizá la consellería se vería obligada a dar tales autorizaciones, de forma seguro ordenada y parcial pero con ello retornarían las quejas vecinales por no hablar de las de los ecologistas que, levantados en armas, dudarían entre cargar contra la Administración o contra los propios productores.

Recuerden, otra vez, la penosa escena que tantos años, cíclicamente, ha copado las portadas de los periódicos valencianos: miles de peces flotando, muertos o agonizantes, sobre las aguas del lago. Si esta fotografía no se ha reproducido este año tras la siega y no se han dado tampoco molestias por humos ha sido porque los agricultores, con cargo a su bolsillo, han asumido los costes de triturar la paja e incorporarla a la tierra, bien ‘fangueando’ bien rotovatando la tierra y de retrasar la inundación dos semanas,  manteniendo seca la paja para evitar su rápida pudrición pero asumiendo el alto coste de la luz a consecuencia de la activación de los motores de riego en los tancats situados a más altura . Pero, sobre todo, si el proceso de putrefacción de ése material orgánico no se ha acelerado ha sido gracias a algo tan azaroso como el tiempo…Vamos que con las precipitaciones o incluso gota fría propias del momento, el desastre ecológico lo hubiéramos tenido garantizado.

Pero el que guarda, haya y como en todo, siempre hay clases. Como han venido lamentando AVA-ASAJA y LA UNIÓ, otras comunidades arroceras, como es el caso de Cataluña o Murcia, ya han comunicado que van a prorrogar los fondos necesarios para sufragar las ayudas agroambientales antes de que se apruebe el nuevo PDR (para 2015). Es el momento pues para depurar responsabilidades. La primera la de Bruselas que, ajena a lo traumático del proceso de cambio, no ha sido capaz ni de cerrar una PAC a tiempo ni de dotar de fondos a ése PDR de transición para 2014. Pero, más allá de tal cosa, la mala gestión de los fondos de desarrollo rural es evidente que también subyace en este asunto. No entraré, aunque debería, en los escabrosos detalles conocidos durante los últimos meses vinculados a la desviación de recursos a fines, digamos, que poco ‘rurales’. Es un asunto que está sub iudice. Lo que sí se conoce y se puede cuantificar es la pérdida de fondos comunitarios (FEADER) que, por el retraso (más de dos años) en abonar la parte de cofinanciación que le correspondía a la Administración española   –valenciana o central- se han perdido o se podrían perder: 67 millones de euros ya ‘fulminados’ en 2010 (5,4 millones de ellos a cargo de la Comunitat Valenciana) y 168,8 millones (otros 5,2 millones valencianos) que se podrían penalizar igualmente procedentes de los programas correspondientes a 2011. Y no lo digo yo, lo ha dicho el comisario  de Agricultura, Dacian Ciolos, en una carta (y ya van dos) que recientemente recibía el ministro del ramo español, Miguel Arias Cañete, advirtiéndole de tal circunstancia.

El día 28 de este mes, los arroceros valencianos convocados por AVA-ASAJA, primero y a los que se han sumado, después, los de LA UNIÓ realizarán una tractorada de protesta para advertir de todo ello. Que las diferencias sindicales y políticas no entorpezcan el éxito de una movilización que se antoja toda una advertencia para la ciudadanía.

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