Este lunes, 26 de enero, ha sido el turno en los juzgados para el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, quien en su declaración ante el tribunal por supuestas irregularidades en el cobro de dietas que las retribuciones que cobraron varios consejeros de la entidad bancaria eran «muy distantes» a las percibidas por directivos de otras cajas. El fiscal solicita para él cuatro años de prisión y una multa de casi 100.000 euros.
Por espacio de más de dos horas, López Abad ha contestado a las preguntas formuladas por el fiscal, las acusaciones y defensas y ha explicado que el banco decidió a partir de 2004, a propuesta de su entonces presidente, el fallecido Vicente Sala, ampliar sus áreas de negocio a través de sociedades participadas, entre las que se encontraba la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI).
El exdirector ha vuelto a decir en que las retribuciones no eran altas y ha precisado que «estaban infinitamente alejadas» del máximo legal establecido por el Gobierno en su normativa de reforma del sistema financiero lanzada años después, en 2012, y que fija un máximo de 50.000 euros para altos cargos del banco en entidades participadas por el FROB.
Según el fiscal -que pide una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad-, éste «buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos». Con la intención de «cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja», creó la sociedad TI que debía funcionar como comisión de control de todas las empresas participadas por la caja.
La sociedad TI, a juicio del fiscal, fue un instrumento ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM «cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre cajas de ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones».
PROYECTO AVALADO POR UNA CONSULTORA
Por su parte, López Abad ha defendido no obstante que el proyecto partió de un informe presentado por la consultora Towers Perrin a la Comisión de Retribuciones de la caja, creada en 2004. La consultora presentó un primer documento sobre las prácticas de retribución de bancos y cajas y recomendó «una retribución fija y/o variable, en forma de dieta, que es el estandar en todas la empresas del Ibex». La propia consultora propuso que los miembros de los órganos de Gobierno entraran en los consejos de administración de empresas participadas para acceder de este modo a remuneraciones que no podían cobrar en la caja, a consecuencia de los límites legales establecidos.
La iniciativa representaba «replicar el sistema de gobierno de la caja» en estas participadas, ha agregado el acusado que ha puesto de manifiesto que la Comisión de Control de la CAM «tenía perfecto conocimiento» de las decisiones adoptadas que, además, contaban con informes que avalaban su «legalidad».
También ha asegurado que la iniciativa no contó con la autorizacion del Banco de España porque no era necesario pero que el organismo supervisor «nunca» realizó «comentario alguno sobre este tema».