La sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha revocado la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa pública Aprovechamiento Energético de Residuos S.A. (Vaersa), adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y lo ha declarado no ajustado a derecho por contratar la entidad a nuevos trabajadores en el periodo de los despidos.
Así consta en la resolución del Alto Tribunal, en la que estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que anula parcialmente, y estima también parcialmente las demandas de la Federación de Servicios Públicos UGT, Confederación Sindical de CCOO PV y el Colectivo Personal Administrativo y Técnico (CPAT), en el sentido de declarar el ERE, que afectó a 278 trabajadores, no ajustado a derecho.
Respecto a este último punto, el TS expone que del relato de hechos probados de la sentencia de instancia se desprende que, invocadas por la parte empresarial causas organizativas, y con independencia del mayor o menor acierto en la concreción de las encomiendas que podían permitir el mantenimiento de determinados puestos de trabajo, la empresa procedió a incorporar nuevos trabajadores a la plantilla durante el año 2012, «lo que difícilmente permite justificar la necesidad de amortizar puestos de trabajo».
En esta línea, señala que aún cuando «no es dudoso» aceptar que la reducción de las encomiendas de gestión sirviera de sustrato a una reorganización de los recursos humanos de la empresa, «lo cierto es que, a falta de mayores precisiones que permitiera analizar la excepcionalidad de las mismas, las nuevas contrataciones resultan contradictorias con el despido y hace incoherente la alegada necesidad de extinción de contratos de trabajo que, por la amplitud con la que se propone por la empresa, abarca de manera genérica y transversal a la plantilla».
Por ello, entiende que la calificación del despido debió ser la de no ajustado a derecho, «precisamente por falta de adecuada justificación de la concurrencia de causa válida», pero no considera que el ERE, aprobado el 21 de diciembre de 2012, deba declararse nulo, tal y como sí dictaminó el tribunal valenciano.
La buena fe
El TSJCV estimó que el ERE de Vaersa era nulo al actuar la entidad de mala fe puesto que indicó que tras la conclusión del periodo de consultas, procedió a extraer del listado precedentemente entregado bajo el paraguas de unas premisas fácticas y jurídicas a más de 116 trabajadores en base a nuevos encargos o encomiendas. Pero el Alto Tribunal revoca este extremo.
Así, el Alto Tribunal señala que durante el periodo de consultas se celebraron hasta diez reuniones entre las partes, en las que la empresa fue ofreciendo ampliación de información, y efectuando nuevas propuestas.
Además, puntualiza que no puede hablarse de una postura inamovible de la empresa, como finalmente concluye la sentencia recurrida, «cuando es evidente que incluso sin acuerdo, la empresa redujo el número de trabajadores afectados». Así, entiende que no ha habido mala fe y por ello también revoca la nulidad del ERE.
Ante esta nueva resolución, el portavoz de FSP-UGT PV, Víctor Codina, ha acusado al Consell de provocar, «con su nefasta gestión, mayor precariedad y destrucción de empleo en el sector publico de la Generalitat». En concreto, ha comentado que las últimas reformas estructurales llevadas a cabo en este ámbito «han provocado en los tres últimos años el despido de más de 5.000 trabajadores en el sector público empresarial».
Codina ha destacado que con esta resolución, el Consell deberá autorizar a Vaersa a indemnizar a los 197 trabajadores despedidos a razón de 45 o 33 días de salario hasta un máximo de 42 mensualidades. Ascendiendo la indemnización a un total a mas de 1.500.000 euros.
«Un gasto que sumado a las indemnizaciones ya abonadas a razón de 20 días hasta 12 meses, provocará otro socavón en las arcas públicas de la Generalitat. Gasto que deberían de asumir a título personal los responsables políticos de la Conselleria de Hacienda y de todos los Conselleres de Medio Ambiente que han pasado por Vaersa», considera.
Mientras tanto, el sindicato ha afirmado que está a la espera del juicio del segundo ERE de Vaersa por modificaciones de las condiciones laborales de 98 trabajadores, y sobre las que la FSP-UGT PV presentó demanda de conflicto colectivo ante el TSJCV.