La concejala de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Rosa Albert, ha informado de que la deuda tributaria que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tiene contraída con el Ayuntamiento, en concepto de impuestos municipales, asciende a 8.818.614 euros.
En un comunicado, ha indicado que ha tenido conocimiento de ese dato a través de la respuesta del concejal de Hacienda, Silvestre Senent, a una pregunta planteada en el pleno del pasado mes de mayo.
Esta deuda procede del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI), por importe de 5.419.707 euros, y otros 3.398.907 euros corresponderían a deudas por Inmuebles de Características Especiales.
Albert ha señalado que, en la contestación de Senent, «se puntualiza que gran parte de esta deuda se encuentra suspendida o en trámite de suspensión por la interposición de recursos».
Al respecto, ha reprobado que haya «dos administraciones sostenidas por la ciudadanía a través de sus impuestos que acuden a la vía judicial para no cumplir con sus obligaciones tributarias», en lo que considera «un ejemplo más de la descoordinación y de la pérdida de rumbo del PP».
A su juicio, esta situación es «más rocambolesca si cabe» si se
analizan los ingresos en concepto de tasas, impuestos y tributos que la APV ha ingresado al Ayuntamiento relativos a 2011, 2012 y 2013, que ascienden a 2.282.389 euros, de modo que «lo que se debe cuadruplica las cantidades ingresadas en los últimos tres años».
En cuanto a lo ingresado por IBI, ha apuntado que la cantidad asciende a 2.247.119 euros mientras que la relativa al Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales asciende a 25.159 euros.
Para Albert, se trata de una situación «incomprensible e injustificable», especialmente al tratarse de «dos administraciones públicas que deberían ser ejemplo para los y las ciudadanas», apostilla.
La edil ha reprobado que «a la falta de pago de cantidades que en estos momentos de recortes se hacen más necesarias, para hacer frente a políticas públicas que intenten paliar la situación de necesidad en la que se encuentran miles de valencianos», se suma que «para la interposición de estas demandas se utilizan recursos personales de las administraciones, en un momento en el que las políticas de recortes del PP también se han cebado con las plantillas de empleados públicos».