La economía sumergida en la Comunitat Valenciana ha aumentado durante la crisis hasta situarse en el 26,5% de su PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 25.870 millones de euros ocultos, según recoge el informe ‘La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis‘, presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.
Asimismo, de este informe se desprende que la tasa de economía sumergida de la Comunitat supera en casi dos puntos a la nacional, que se sitúa en el 24,6%, es decir, más de 253.000 millones de euros. Entre las provincias más afectadas destacan Alicante (27,6%) y Castellón (26,9%), que registran más fraude que la media autonómica. En Valencia, la cifra es del 25,7%.
En un análisis de los datos nacionales, el informe revela que el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.
Este importante incremento se debió en gran medida al efecto «arrastre» provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.
El «tsunami del ladrillo» , el paro y los billetes de 500
Al «tsunami del ladrillo» le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.
Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.
El estudio realiza también un análisis de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias. Así, hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de dinero oculto al fisco «llamativamente baja», del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Gestha indica que este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios en esta comunidad, mientras que gran parte de su negocio se genera en otros territorios.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de prácticas fiscales «abusivas» como las exenciones fiscales, por lo que, según Gestha, más que el fraude fiscal, que también lo cometen, se caracterizan por llevar a cabo prácticas de bordean la legalidad para pagar menos impuestos.
Extremadura lidera el ránking nacional
Al margen de la peculiaridad de Madrid, el mayor aumento de la economía sumergida durante los años de la crisis económica se concentró en las comunidades con un mayor desarrollo de la construcción y con unos mayores niveles de paro, como Extremadura, que encabeza la clasificación, con una tasa de dinero negro del 31,1% de su PIB.
A continuación, figuran Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%), Comunitat Valenciana (26,5%), Castilla y León (26,4%), Murcia (26,3%), Asturias (26%), Galicia (25,6%) y Baleares (24,8%), todas ellas por encima de la media nacional (24,6%). Igualando esta tasa o por debajo únicamente se encuentran las regiones de Cataluña (24,6%), La Rioja (24,1%), Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%), que cierra la clasificación. El estudio no recoge datos ni de País Vasco ni de Navarra por tener sus propios regímenes fiscales.
En la distribución por provincias, el estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas donde la economía sumergida es un «mal endémico», como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario, se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo 2000-2012.