El Gobierno ha señalado que la situación de los trabajadores de la planta de Bosal –dedicada a la fabricación de sistemas de escape para automóviles– en Sagunto (Valencia) «ha de resolverse en el ámbito judicial».
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha respondido de este modo por escrito a unas preguntas parlamentarias presentadas por el diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Congreso Toni Cantó sobre el alcance del ERE de Bosal y las medidas para «evitar situación que vulnerar presuntamente el Estatuto de los Trabajadores».
Asimismo, el parlamentario valenciano inquiría al Gobierno sobre qué va a hacer «para asegurar que se cumpla la legislación laboral y la legalidad pertinente» y sobre si considera que la planta de Sagunto debe de seguir abierta «teniendo en cuenta que disfrutó de numerosas subvenciones».
La Administración central explica en su respuesta de fecha 16 de marzo que cuando un despido colectivo afecta sólo a trabajadores de un centro de trabajo situado en esa comunidad, «corresponde a la autoridad laboral de la misma la tramitación del expediente». Asimismo, indica que no se ha presentado en la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ninguna comunicación de despido colectivo por parte de la compañía Bosal.
Del mismo modo, recuerda que la empresa ha presentado desde 2012 expedientes de suspensión de relaciones laborales «alegando como causa para los mismos la necesidad de adaptar la plantilla a los pedidos reales» que tiene de los fabricantes de automóviles.
REUNIONES
El Gobierno también indica que ante la «inquietud» suscitada entre la representación de los trabajadores por el futuro y la pervivencia de la fábrica, la Generalitat convocó una reunión con la dirección de la empresa, con el comité de empresa y los sindicatos mayoritarios, en la que «los representantes de la administración ejercieron funciones de mediación y trataron de obtener de la empresa información precisa sobre sus proyectos, planes y expectativas en relación con la fábrica de Bosal España SAU». Además, asegura, entre septiembre y octubre de 2014 se celebraron otras dos reuniones.
Tal y como explica el Ejecutivo, el pasado 1 de diciembre la empresa presentó ante la Dirección Territorial de Trabajo de la Generalitat un ERE para la aplicación de un calendario de suspensiones de contrato para 2015. El periodo de consultas con el comité de empresa finalizó sin acuerdo el 15 de diciembre, por lo que el 12 de enero la compañía comunicó a la autoridad laboral el desestimiento del proceso de suspensión.
Del mismo modo, con fecha 9 de enero, el Jugado de lo Mercantil número 3 de Valencia declaró a la empresa en situación de concurso voluntario de acreedores, por lo que «cualquier medida de regulación de empleo derivada de dicho procedimiento ha de tramitarse por dicho juzgado».
Por todo ello, el Gobierno subraya que la participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Valencia ha tenido como objetivo «coadyuvar a la solución de la situación de la empresa Bosal España SAU, si bien en este momento la situación de los trabajadores ha de resolverse en el ámbito judicial», concluye