Las organizaciones sindicales valencianas, con CCOO-PV y UGT-PV a la cabeza como entidades mayoritarias, reciben más de 185.000 euros al año por representantes sindicales que en realidad no existen. La cuantía se dispara además si se tienen en consideración las partidas presupuestarias destinadas a formación y representación institucional.
Una de las fuentes de financiación de los sindicatos son las ayudas directas y lineales que tanto el gobierno autonómico como el central conceden en función del volumen de representación. Estas partidas, que a lo largo de los años han variado tanto en cuantía como en la tardanza en su concesión – mermada y retardada por la crisis – corresponden este año 2015 a 12,72 euros por cada representante sindical de parte de la conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y otros 31,39 euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cantidades que se otorgan sin importar el porcentaje de representación y que, excepto aquellas organizaciones que explícitamente renuncian a ellas, reciben todos los sindicatos.
Según los resultados electorales del ejercicio 2014 facilitados por la Dirección General de Trabajo, en la actualidad las empresas y entidades públicas valencianas suman un total de 28.125 delegados de personal, repartidos entre los 71 sindicatos existentes. A la cabeza de este reparto, CCOO cuenta con 11.050, UGT con 10.484 y la central de funcionarios CSIF con 1032.
Sin embargo, esos más de 28.000 representantes sindicales no son reales en la práctica. El mandato de un delegado, una vez elegido por sus compañeros en las correspondientes elecciones sindicales, es de cuatro años. Durante ese tiempo su condición computa como tal a todos los efectos y es el período durante el cual el sindicato que le representa recibe la ayuda directa de conselleria y Ministerio, de forma anual. Pero cuando un mandato se interrumpe extraordinariamente, su cómputo desaparece y dejan de recibirse las ayudas. O al menos ésa sería la teoría.
La crisis que comenzó en 2007 ha asolado el panorama laboral y sindical valenciano. La destrucción de puestos de trabajo y el cierre masivo de empresas ha supuesto la correspondiente merma proporcional en representantes sindicales: a plantillas más pequeñas o desaparecidas, menor número de delegados. Así, cuando una empresa cierra, corresponde a los propios sindicatos notificar su baja a la Oficina Pública de la Autoridad Laboral, área de la conselleria de Empleo responsable del cómputo y registro de la representación sindical.
Sin embargo, esas notificaciones no se producen y durante lo que resta del ya ilegítimo mandato del delegado las ayudas directas siguen abonándose.
Según fuentes sindicales consultadas por Valencia News, en torno al 15% de la representación total valenciana son en realidad “delegados fantasma” que ya no ejercen su cargo porque su empresa ha desaparecido.
Así, son más de 4.200 delegados a razón de más de 44 euros al año. Cantidad que en años anteriores ha sido aún mayor, ya que las subvenciones nacionales y autonómicas eran mucho mayores – en 2008 superaban los 100 euros – y los representantes sindicales muchos más.
Extrapolando los datos, son más de 73.000 euros “regalados” todos los años a CCOO-PV, casi 70.000 euros a UGT-PV o casi 7.000 a CSIF. Cantidades que año tras año se van al limbo presupuestario y que se acotarían con un simple sistema de coordinación entre la Oficina Pública de la Autoridad Laboral y el departamento responsable de dar de baja a las entidades y empresas.
FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Pero el agujero no acaba ahí. Siguiendo la misma línea de los “delegados fantasma”, el dinero público otorgado a los sindicatos de forma irregular es aún mayor si se tiene en consideración que el volumen de representación también es el criterio que se tiene en cuenta para otro tipo de partidas.
Planes de empleo, formación ocupacional, formación continua, gastos por representación institucional… La mayoría de los programas relacionados con la actividad que desempeñan los sindicatos tiene el respaldo económico directo de las administraciones públicas – europeas, españolas o valencianas – y la consiguiente repercusión “errónea” a la hora de entregar las cantidades correspondientes.