Personalmente no estoy afectado por el desaguisado producido con las emisiones de participaciones preferentes y de deuda subordinada. Por tanto, me encuentro en la misma situación que Ada Colau con respecto a los desahucios. No obstante, me siento en la obligación de alzar la voz ante la gran estafa que han supuesto para una parte demasiado importante de la ciudadanía de nuestro país los citados productos preferentes.
Multitud de personas, pequeños inversores, jubilados, trabajadores en activo y desempleados, han visto cómo se esfumaba el fruto del enorme esfuerzo que habían hecho para ahorrar dinero. O al enajenar algún bien heredado de sus antepasados tras abonar, para su consecución, los correspondientes impuestos en cada momento.
Todos se han visto sorprendidos por directores de sucursales bancarias que, apremiados por sus superiores y por los dirigentes de las entidades en las que trabajaban, ofrecían estas preferentes magnificando sus ventajas y omitiendo los peligros que entrañaban. La gran mayoría de afectados ni sabía de qué se trataba ni leyó documento alguno. Se limitó a confiar en la marca de la entidad bancaria o en las palabras del director de su sucursal, en algunos casos persona a la que conocían de toda la vida.
La responsabilidad de tamaña estafa no es, en cualquier caso, de los aludidos directivos de sucursal, de los bancarios, sino de los auténticos banqueros que, para tapar su nefasta gestión y sus aventuras empresariales, tuvieron la ´ingeniosa´ iniciativa de cambiar pasivos por activos, de convertir depósitos en acciones y de, por lo tanto, arruinar a una gran cantidad de ciudadanos. Estos han sufrido la desaparición del fruto del esfuerzo de toda su carrera laboral o de los bienes que les legaron sus antepasados.
Desde los tiempos de Mario Conde, que por mucho menos que lo relatado pasó un buen número de años encarcelado, en España no ha ingresado nadie en prisión. A excepción, por no faltar un ápice a la verdad, del ex presidente de Cajamadrid, que permaneció 24 horas en ella. Una auténtica vergüenza, sobre todo cuando contemplamos con estupor noticias como la de una joven que va a cumplir dos años de condena por robar un móvil.
El sistema falla. Organismos de control y supervisión como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni impidieron, ni advirtieron ni informaron a las víctimas de esta gran estafa. Al contrario de lo ocurrido con los bonos de Rumasa, en los que CNMV explicó a la opinión pública los riesgos que corría quien realizara ese tipo de inversiones.
¿Por qué no sucedió lo mismo con las actuaciones de estas entidades financieras? Y, sobre todo, ¿por qué ni sus responsables ni los dirigentes de los citados Banco de España o Comisión Nacional del Mercado de Valores han respondido ante la Justicia de los actos irresponsables y fraudulentos que permitieron que se llevaran a cabo?