La Unió de Llauradors afirma que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 no se ajustan a las necesidades del campo valenciano. Para el sindicato agrario esta reducción obedece a la previsión de menores transferencias de fondos de la Unión Europea y a la reducción de las aportaciones del Estado. Además constatan que la partida destinada a Agricultura es la segunda que más disminuye por detrás del de Empelo y Seguridad Social.
Según el análisis de los presupuestos de Agricultura que ha realizado La Unió, los gastos operativos del Ministerio (descontados personal, gastos corrientes y financieros) de cara al 2016 se han reducido respecto del 2015 en un 13,4 %, lo que significa una merma de 1.322,4 millones de euros, hasta quedar en 8.580,1 millones de euros, que es la cifra más baja desde el año 2009, cuando se reunificaron nuevamente las competencias de Agricultura y Medioambiente.
La caída del presupuesto para 2016 refleja una menor perspectiva de transferencias de la Unión Europea, que sustentan habitualmente en el entorno del 80 % del presupuesto del Ministerio de Agricultura. El Gobierno estima una entrada de recursos comunitarios de 6.800 millones de euros de la UE el próximo ejercicio, frente a los 8.000 millones de euros previstos en 2015. Aunque se calcula un incremento del 2,7 % en las aportaciones del FEAGA para las medidas de regulación de mercado y ayudas directas, no compensa la importante reducción de las transferencias FEADER destinadas a las medidas estructurales. El sindicato señala que el Ministerio también reduce las aportaciones propias del Estado en un 10%, hasta sumar 1.700,2 millones de euros, situándose por debajo del nivel de ejercicio presupuestario 2012 y esto entra en contradicción con la recuperación económica anunciada por Rajoy.
La Unió pone como ejemplo el incremento de la partida destinada a subvencionar el seguro agrario que sitúa la partida en 211 millones de euros, a juicio del sindicato agrario es insuficiente teniendo en cuenta que esta medida llegó a contar con 283 millones de euros en 2010. Por último, la organización de agricultores señala la asignación a la Agencia de Información y Control Alimentario que queda prácticamente congelada con 5,9 millones de euros, cuando para La Unió debería ser el principal instrumento de garantía de cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y cuya efectiva aplicación es imprescindible para un equilibrado reparto del valor añadido generado en la misma que mejore la posición negociadora de los agricultores y ganaderos y los precios percibidos en origen por sus productos.