Los agricultores exigen un plan de choque contra la delincuencia rural tras dispararse un 30% los robos

Rueda de prensa de los colectivos agrariosRueda de prensa de los colectivos agrarios

Los agricultores denuncian la situación de “indefensión” en la que se encuentran ante el aumento de la delincuencia en el medio rural y de los robos en el sector. Asi lo han manifestado, en rueda prensa conjunta, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), La Unió de Llauradors i Ramaders y Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. 

De hecho, el informe basado en sus propios datos y estimaciones concluye que los robos en la agricultura y en la ganadería valenciana han aumentado un 30% en el último año, lo que arroja una cifra de pérdidas globales de 23,4 millones de euros.

Tras dar a conocer las cifras, el presidente de AVA-Asaja, ha manifestado que esta situación “ha llegado a un punto insostenible”, razón por la cual “exigimos a las autoridades actuar con mayor contundencia y reforzar la vigilancia tanto en las explotaciones agrícolas, como, sobre todo, en los almacenes que aceptan comprar la mercancía robada”. 

En la misma línea, se han pronunciado el presidente de la Unió de Llaurador, Ramón Mampel, y el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries, Cirilo Arnadis. Este último ha insistido en la necesidad del compromiso de las administraciones en la capacidad inspectora y control y ejemplaridad en las ejecuciones judiciales.

Los agricultores también han valorado los resultados de la reforma del Código Penal en el sector. Asimismo, han destacado la no modificación del límite mínimo para penar un robo en el campo, que se mantiene en 400 euros. Al respecto, Mampel ha hablado de “falta de valentía para legislar” y ha pedido que se rebaje este límite a 100 euros y tomen otras medidas.

Reivindicación conjunta de los agricultores

Los responsables de las tres entidades han dirigido cartas al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana. En las misivas, solicitan reuniones para abordar el problema de forma conjunta y articular de forma urgente e inmediata un plan de choque para combatir “esta lacra”.