Los empresarios valencianos, representados por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el Consejo de Cámaras y las Cámaras de Alicante, Castellón y Valencia, la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, la patronal autonómica Cierval y las provinciales CEC, CEV y Coepa y la Fundación Pro-AVE, vuelven a denunciar la «discriminación permanente» y el «ninguneo en financiación e inversiones» por lo que reclaman al Consell que presionar en Madrid.
Los líderes empresariales han analizado el estado de la inversión del Gobierno en la Comunitat, sobre todo en infraestructuras, y han llegado a la conclusión de que «no ha cambiado nada». «Tanto el presidente del Gobierno como los ministros de Fomento y Hacienda han reconocido la situación de infrafinanciación e infrainversión en nuestra comunidad y se comprometieron a solucionarla, pero el tiempo ha pasado y no ha sido así», ha indicado el presidente de AVE, Vicente Boluda.
Esta comparecencia llega un año después en la que se formalizó la unión del empresariado valenciano para «dejar de ser buenos chicos» y acabar con la «discriminación histórica» a esta autonomía, insisten en que no van a «callar ante estos atropellos» y ante la falta de equidad, pero recalcan que compete a los políticos «ir a reivindicar a Madrid».
«Esto no puede continuar así, no es victimismo, es exigencia de equidad», han recalcado los empresarios, que aclaran que su intención no es ni «perjudicar» a otros territorios ni «ser más que nadie».
FALTA DE PESO POLÍTICO Y PRIORIDAD PARA INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Además de incidir en la insuficiente inversión estatal y en la «falta de peso político», han reiterado las reivindicaciones en materia de infraestructuras, con máxima prioridad para las ferroviarias y, en concreto, para el Corredor Mediterráneo. En este sentido, han defendido la necesidad de «priorizar las inversiones más rentables».
«TRAMPA»
Por su parte, Manuel Miñés, de la Cámara de Contratistas, ha criticado la «trampa» en materia de inversión pública estatal, ya que el alto grado de ejecución se limita a la administración estatal, no a empresas públicas como ADIF, que a cierre de 2014 «dejó de gastar 630 millones», 200 de ellos correspondientes a la Comunitat.
De igual forma han reclamado la implantación del AVE regional desde Alicante a Castellón, con prolongación a Tarragona, la conexión con el centro, norte y este de Europa en ancho europeo para el tráfico de mercancías, la habilitación de plataformas logísticas y mejora de los accesos ferroviarios a los puertos y la modernización de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, así como una «solución definitiva» al déficit hídrico.