La comarcalización del territorio valenciano siempre ha sido una reivindicación, más o menos, común entre el regionalismo y el nacionalismo valenciano. La estructuración de la Comunitat Valenciana a través de sus diferentes comarcas, frente a las tres actuales provincias que, según regionalistas y nacionalistas, divide a los valencianos y genera segundas identidades y terceras identidades. Quizás sea la fuerte presencia de Compromís en el actual Consell de la Generalitat la que haya empujado a Ximo Puig a anunciar la nueva Ley de Mancomunidades, en un intento de reforzar el papel de estos entes comarcales que aglutinan a la práctica totalidad de municipios de la Comunitat y que intentan ser un aliviadero económico. Comparten y mancomunan servicios y ofrecen cursos de formación, servicios de recogida de animales o programas juveniles, entre otras múltiples cuestiones.
No obstante, conviene advertir que todo no puede ser. Si mantenemos los más de 8000 municipios que actualmente tiene España, una mancomunidad en cada comarca, y una diputación por cada provincia, seguramente el Estado se torne inviable, pesado y poco eficiente. Es por ello que la medida anunciada por Puig, siempre que sirva para racionalizar el gasto de los ayuntamientos y compartir servicios será bienvenida. No obstante, si el refuerzo de estas entidades comarcales solo sirve como medio para apuntalar el poder de los diferentes partidos, esta vez en forma de comarca, y para convertir a los presidentes de las mancomunidades en otros reyes de taifas, la medida sólo supondrá un lastre más en las menguadas arcas valencianas.
Por el momento, la inyección económica propuesta por Puig rondará los 600.000 euros, cifra que no supone una cantidad relevante para un gobierno como el valenciano, pero que no es nada despreciable para unas instituciones que se han caracterizado por su poca relevancia en la política valenciana y en el día a día de esta Comunitat, al menos de cara al ciudadano de a pie.