El PP acaba de presentar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), conocida como la ley electoral. Su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, explicaba que la idea es que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, entre otras cosas, para impedir, según explicaba, que «los alcaldes se elijan en los despachos, en vez de directamente por los vecinos». Para ello, los populares van a poner en marcha una subcomisión parlamentaria que estudie esta posibilidad, aunque saben que por el tiempo que le queda a esta legislatura, es prácticamente imposible que prospere su tramitación. Además, el PSOE ya se ha manifestado en alguna ocasión contrario a esta posibilidad. Hernando ha explicitado que la idea es que para poder a ser alcalde, se deban conseguir como mínimo el 35% de los votos y tener cinco puntos de diferencia respecto al siguiente candidato; en caso de no llegar a ese porcentaje, podría optar a la alcaldía aquella lista que hubiera obtenido como mínimo el 30% de los sufragios y diez puntos por encima de la siguiente lista más votada. En caso de no alcanzar ninguno de estos dos porcentajes, la propuesta del PP es ir a una segunda vuelta a la que concurrirían todos los partidos que superen el 15% de los sufragios; en este caso sería envestido alcalde aquel que consiguiera el 40% de los votos o una diferencia de siete puntos. Y a ustedes, ¿qué les parece? Tiene toda la pinta de ser un traje a medida para favorecer los gobiernos de los (al menos hasta ahora) partidos mayoritarios, ¿no?
Años lleva Izquierda Unida clamando en contra de esa norma que a pesar de sumar más votos que otros partidos, veía como su representación en el Congreso de los diputados era menor. Durante mucho tiempo también se han quejado algunas formaciones pequeñas de que con la cuarta parte de votos que cuesta un diputado por la circunscripción electoral de Valencia, se conseguía uno por ejemplo en Navarra. Pero ante esas reivindicaciones: silencio, porque a ellos les iba bien. Y así viene siendo desde la reforma del Régimen franquista hasta el actual sistema político, dejando todo atado y bien atado para favorecer el gobierno de un gran partido de derechas o su oponente de izquierdas (y muy moderado), la representación de minorías políticas del País vasco o de Cataluña y para los demás, el silencio.
De fondo también se aprecia otro debate: qué formula utilizar para la formación de gobiernos, si la de la mayoría absoluta que, viciada, acaba provocando el gobierno desde la sede de los partidos, o la del diálogo entre diferentes fuerzas, es decir, la búsqueda de los mayores acuerdos ciudadanos. Evidentemente el sistema electoral español es muy deficitario y merece reforma, pero como dicen siempre populares y socialdemócratas, no conviene legislar en caliente e indiscutiblemente todavía está caliente y mucho el reciente revés electoral para los populares.