Históricamente celebramos el 9 de octubre como el día del Pueblo valenciano en conmemoración de la entrada del rey Jaime I en el Cap i casal. Por otra parte, la presión nacionalista que no quería que el 25 de abril (día en que se libró la batalla de Almansa y que supuso el principio del fin para las libertades civiles de los valencianos) pasara desapercibido, acabó provocando que les Corts institucionalizaran esta fecha como la propia de nuestro parlamento. Pero realmente es en un día como el de hoy, 29 de junio, San Pedro, cuando entró en vigor el penoso Decreto de Nueva Planta que amparándose en el “justo derecho de conquista” (sic) abolía nuestra leyes propias, nuestro autogobierno y daba un hachazo casi letal a nuestra lengua y a nuestra cultura. Justamente Sant Pere, un santo tan venerado en toda la geografía valenciano.
Si bien es cierto que el estallido de la guerra civil impidió que pudiéramos acceder a un estatuto de autonomía como sí lo consiguieron otras nacionalidades históricas en tiempos de la II República, la restauración de la democracia española propició que tuviéramos de nuevo una legislación y una organización propia -cabe recordar que por oposición de la UCD y del PSOE no accedimos a ella por la misma vía que las CCAA hoy consideradas históricas-. La mala gestión de los anteriores gobiernos valencianos hicieron que poco a poco fuéramos perdiendo competencias o mejor dicho, margen de acción. No somos los primeros ni muchísimo menos en afirmar que la desaparición de nuestro sistema bancario (Bancaixa, la CAM y el Banco de Valencia) y la supervivencia con fondos del FLA (una intervención de facto por parte del Estado) es comparable al mazado que recibimos los valencianos en el s. XVIII.
Ximo Puig aseveraba ayer en su discurso de investidura que no tolerará «ninguna discriminación más, ni en financiación, ni en inversiones» y a esa afirmación nos tenemos que sumar toda la sociedad civil. Sin caer en el autobombo debemos valorarnos más como Pueblo y por una vez ir todos unidos (por encima del color político de cada uno) a exigir a Madrid todo aquello que sea justo. Pero también hay que profundizar en lo simbólico. Para empezar, Puig debería dejar de nombrarse como el sexto presidente de la Generalitat; otras comunidades remontan el ordinal a la época foral. El historiador Vicent Baydal afirma que hoy en día es muy difícil saber qué número le correspondería a Puig, porque nadie se ha preocupado de hacer una lista de todos los presidentes de la Generalitat –o Jurat en cap de la Diputació del Regne de Valéncia– desde época foral. Tal vez ahora, con un presidente de les Corts nacionalista -lo de Enric Morera podría ser cuestión de horas- encuentre la partida necesaria para dotar esta investigación que podría llevar un largo tiempo y que nos saque de dudas para siempre. Porque al final, tanto en lo más práctico, como en lo poético si nos permiten, nos queda tanto por recuperar…