La reciente convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio, tiene como paso previo la lógica disolución de las cámaras de representación que, mediante las elecciones, se van a renovar. El Senado y el Congreso han visto como, salvo las Diputaciones Permanentes, esto es, el número mínimo de diputados que se queda hasta que se constituyan las nuevas Cortes para no dejar vacío el poder legislativo, sus cámaras se vacían, más pronto que tarde, de diputados. Y no crean ustedes, asiduos lectores que lo hacen sin un pan bajo el brazo, o para ser más concretos, sin una buena indemnización bajo el brazo.
Nada importa que esta legislatura no haya durado ni medio año. Nada importa que gran parte de ella los diputados no hayan si quiera tenido que asistir a plenos o comisiones debido a sus vacaciones de Navidad o Semana Santa. La mayoría de los 299 diputados que se despiden del Congreso (el resto siguen en la Diputación Permanente), no renunciarán a tan sustancial indemnización, que supera los 2800 euros mínimos, más un plus por cada función extra que tuvieran asignados los diputados, en función de si estaban en más o menos comisiones.
De los escasos 26 diputados que sí renuncian a esta indemnización, 11 son del Partido Popular, 10 de Podemos, y el resto, uno de cada, de PSOE, ERC, Unión del Pueblo Navarro, PNV y Bildu.
Nadie de Ciudadanos ni de Compromís, ha hecho uso de su derecho a rechazar la indemnización, el finiquito. Tampoco renuncia al finiquitado Pedro Gómez De la Serna, pues debe haber pensado que para lo que le queda, aprovecha todo lo que pueda. Llama la atención que Compromís o Ciudadanos no renuncien a los privilegios, a pesar de su intensa crítica a los mismos.
Finiquitada la legislatura, en el más amplio sentido del término, ahora queda esperar a la campaña electoral que arrancó en la noche de ayer para, una vez más, volver a empezar.