El independentismo catalán, los de siempre, esto es, ERC y las CUP, y los nuevos, los de Convergència, ahora Partit Democràtic Català, vuelve a pedir desobedecer a los Tribunales y al Estado. Al final, es lo de siempre, mucho ruido y pocas nueces, porque al final acaban, como todo hijo de vecino, cumpliendo la Ley. ¿Imaginan a alguien que decidiera desobedecer las normas de tráfico o las fiscales? Para el caso del independentismo es lo mismo, no hay Estado ni democracia sin ley, sin respeto a la Ley, por mucho que se alegue al mal llamado ‘derecho a decidir’. No hay un derecho a desobedecer las leyes.
Artur Mas, y su discípulo, Carles Puigdemont, intentan pasar en independentismo a los de siempre, y eso es muy difícil. En el día de ayer Puigdemont hizo un llamamiento a ‘no acatar’ la resolución del Tribunal Constitucional con respecto a la hoja de ruta independentista aprobada por el Parlament de Catalunya. Tal vez, y sólo tal vez, a los independentistas de derechas, a Convergència –que aunque se cambie de nombre no deja atrás su pasado de líos y tramas de corrupción-, le interesa tener no sólo un Estado propio, que por otra parte el Estado de las autonomías se le asemeja bastante, sino también tener un sistema judicial propio al que manipular a su antojo.
La manipulación de la fiscalía no es algo exclusivo de los independentistas catalanes, sin ir más lejos conocimos hace poco el caso del Ministro Fernández Díaz, que proponía fabricar pruebas contra esos mismos nacionalistas anteriormente citados. Ya se sabe que el juego sucio ya es más sencillo de hacer que aquello de la pedagogía política.
Actualmente asistimos a negociaciones varias para formar Gobierno, y nadie, ni los nuevos de Podemos y Ciudadanos, hacen mención alguna a dejar de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial desde el Congreso. En definitiva, lo de siempre: meter la mano entre jueces y magistrados.