La decisión del Ministerio de Fomento, encabezado por la popular Ana Pastor, de destinar 77 millones de euros a convertir en Puerto de Barcelona, según sus propias declaraciones, “en el mejor comunicado del Mediterráneo”, ha indignado a gran parte de los empresarios valencianos, especialmente tras paralizaciones de fondos públicos para mejorar el eje entre Valencia y Zaragoza o para desbloquear la situación del importantísimo Parc Sagunt.
La falta de inversiones en la Comunitat, no sólo en el sector de las importaciones y las exportaciones, sino que también en cuestiones como la falta de trenes de cercanías entre Gandía y Dénia, el Corredor Mediterráneo o las carreteras, son algunas de las cuestiones que encabezan una serie de reivindicaciones históricas de nuestra autonomía. Somos una región invertebrada. Cuesta casi más ir de Castellón a Alicante que de Valencia a Madrid, a pesar de que están a mucha menor distancia. La cuestión no es baladí, pues corremos el riesgo de caer en aquello que ya predijo aquel político socialista catalán de la ‘desafecció d’Espanya’. Antes de que la cuestión se enquiste, y sea aprovechada por oscuros intereses de unos y otros partidos, conviene atender a criterios de justicia y equidad para que la Comunitat Valenciana, que no es otra cosa que sus habitantes, reciban la media de inversión que otras regiones, así como las necesarias infraestructuras que necesita para su desarrollo económico, y también social.
Mención a parte merece la manida cuestión de la financiación autonómica. La valenciana es la única autonomía que además de ser pobre y no recibir de acuerdo con esta condición, aporta al Estado. De no solucionarse el problema, la cuestión se enquistará, pudiendo generar un problema ya no sólo económico, sino también político, de difícil solución.