El pinchazo de la burbuja inmobiliaria trajo a la primera plana de los medios de comunicación dramas insospechados. Pasados los años seguimos asistiendo a casos demoledores para un estado del bienestar claramente en crisis. La cita constante de la primera frase artículo 47 de la Constitución española «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» resuena como una declaración de principios, más que como una parte del articulado a cumplir. Tal vez, la Defensora del pueblo, Soledad Becerril, junto a todos los defensores del pueblo autonómicos, reunidos en Santander en sus XXX jornadas de coordinación, parece que hayan querido fijarse más en la continuación del citado artículo «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho», al instar a aumentar el parque de vivienda en alquiler. Muestran su preocupación sabiendo que no es más que eso, una opinión no vinculante, como tampoco sus informes. Pero está bien que señalen la falta de acceso a la vivienda para que los poderes públicos, Estado y CCAA, tomen nota.
Se nos ocurre que uno de los caminos podría ser el parque de viviendas que se le transfirió a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o “Banco malo”, después de la “nacionalización” de las cajas de ahorro, esa banca pública de la que tanto se abusó, con la inyección de 51.303 millones de euros y de la que según el informe del Banco de España, por ahora solo se han recuperado 2.666 millones. Son inmuebles de difícil venta y de complicada recuperación. Viviendas por las que se está intentado obtener una parte de la hipoteca pendiente que nunca tapará el agujero perpetrado y que mientras estén en el mercado, podrían servir para paliar el déficit señalado por los defensores del pueblo. ¿O es que a alguien se le ocurre mejor fin que convertirlas en viviendas públicas en alquiler?