Es innegable el cambio de rumbo y la potencia de máquinas que ha imprimido la llegada de Isabel Bonig a la maquinaria del Partido Popular valenciano. Más allá de las notas de prensa que nos envíen a los medios y la convocatoria de ruedas de prensa, el control parlamentario al Consell es notorio. Pero Bonig tiene algunos flancos por cubrir para no ser devorada por las circunstancias. Su antecesor en el cargo, el hoy senador territorial Alberto Fabra, fue muy contundente con la lucha contra la corrupción en su partido. Recordemos que el que fuera alcalde de Castellón estableció una “línea roja” que marcaba el límite de lo permisible para que un miembro de su partido lo representara en las instituciones, y esta no era otra que el de la imputación por algún aspecto relacionado con la corrupción. Fabra se mostró taxativo e inflexible, no estaba dispuesto a ver diputados o concejales de su partido sentados en el banquillo de los diputados. Y así fueron dimitiendo del Grupo Parlamentario Popular los Rafael Blasco, Pedro Hérnandez Mateo (exalcalde de Torrevieja), Alicia de Miguel, Angélica Such, Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez o los sucesivos alcaldes de Alicante (¡la segunda ciudad valenciana!) Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
Ahora a Bonig se le plantea la disyuntiva de qué hacer con un diputado imputado en su grupo parlamentario de les Corts. Dentro de una de las partes separadas de la Púnica, el exalcalde de Gandia Arturo Torró y el actual diputado Víctor Soler han sido llamados a declarar como imputados por la Audiencia Nacional. La cosa no puede esperar más y Bonig debe tomar una decisión ya: ¿hace dimitir o no a Soler? Debe decidir si presenta a su partido sin máculas procedentes de la presunta corrupción o abona el terreno para que los otros partidos, y sobre todo su aparente gran competidor Ciudadanos, presente al PPCV como el partido que mantiene imputados por presunta corrupción en su bancada. Y cada día, el tiempo corre en su contra, señora Bonig.