Mientras a primera hora de hoy la comisión de les Corts valencianes defiende en el Congreso de los diputados (por fin) la reforma de nuestro estatuto de autonomía, la administración de la Generalitat va nombrando aquellos puestos que estaban pendientes de ser ocupados. Conviene recordar que la propuesta de modificación de “la carta magna de los valencianos” data de 2011 y desde entonces se ha aplazado el debate hasta en cuatro ocasiones . En este caso la reforma no es menor, se trata de enmendar el actual sistema de financiación caracterizado por insolidario desde el Estado hacia los valencianos. Afortunadamente, todos están de acuerdo en la petición, incluso el Partido Popular, pues cabe recordar que esta reforma la encabezó en su día Francisco Camps. La idea de los parlamentarios valencianos es que la nueva fórmula -idéntica a la que ya gozan andaluces, catalanes o aragoneses- encuentre su correlato inmediato en la confección de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, y así, conseguir que de la actual inversión entorno al 7%, se pase a un porcentaje cercano al 11%, blindando esta asignación presupuestaria compensatoria estatal durante los próximos siete años que reconoce un porcentaje de inversión equivalente al peso de nuestra autonomía en el conjunto de España. En definitiva, una reforma técnica que mejoraría los recursos con los que cuenta la Generalitat para confeccionar los próximos presupuestos siguiendo las pautas marcadas por la conselleria de Hacienda.
No nos cansamos desde esta cabecera en reclamar lo que nos corresponde en justicia a todos los valencianos de Vinaròs a Oriola, pero a la vez queremos hacer un llamamiento a la contención de gasto por parte de nuestra administración. Porque en caso contrario, todo el discurso de petición de más recursos económicos se pone en crisis cuando estos no se administran de la mejor manera posible por parte de nuestros representantes autonómicos. Y señalamos este aspecto porque el actual Consell ha hecho bandera de esa contención en el gasto frente al anterior ejecutivo presidido por Alberto Fabra, pero estamos detectando determinados nombramientos que nos hacen dudar de esta política económica que puede quedar solo en política de titulares de periódicos. Nos referimos a nombramientos de directores generales territoriales de algunas conselleries y con adscripción provincial que aunque si bien no supone una gran partida presupuestaria, sí ponen de manifiesto que los partidos representados en el Consell (PSPV-PSOE y Compromís) no acaban de fiarse el uno del otro y pretenden engordar nuestra administración a puro de doblar la estructura de la Generalitat. Ellos pactaron el modelo de composición mixta (si el primer escalón lo ocupa un partido, el segundo es para el otro), así que ahora que asuman su decisión y si hay diferencias entra ellos que lo diriman en los despachos de Blanqueria o Guillem de Castro, pero no a costa del bolsillo del contribuyente. Es más, ¿a qué espera la oposición (PPCV y Ciudadanos) o el casto Podemos para denunciar esta situación?