Ricardo Costa hace ‘un Benavent’. Ya lo hemos advertido en alguna ocasión a través de estos editoriales. A pesar de que se empeñen desde Madrid en proclamarnos ‘tierra de corrupción’, lo que aquí ocurre va más allá de Almansa. Los valencianos no somos más corruptos que los murcianos, los castellano-manchegos, los catalanes, los andaluces o los madrileños. De hecho, siempre en nuestra boca queda el regusto amargo y la sospecha de que los sinvergüenzas que han aprovechado el monopolio electoral del PP en la Comunitat Valenciana para enriquecerse y, junto a ellos, a todos sus amiguetes, no actuaban solos. Si el PP se ha financiado ilegalmente lo tendrá que decir un juez, pero de ser así, no sólo los 8 apellidos valencianos -Costa, Camps, Castellano, Cotino, Barberá, Rus, Fabra y Olivas- sabían lo que había. Tampoco, de ser cierto, se aprovecharon en solitario para ir dopados a las campañas de reelección y perpetuación de su influencia.
Por si faltaba poco, para darnos más argumentos que corroboraran nuestra tesis, hoy, Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, ha apuntado a Génova como los responsables de la financiación de tres campañas electorales, en las que, supuestamente, el PP recibió casi tres millones y medio de euros en negro de constructores, a través de la mercantil Orange Market. Así lo ha señalado en su escrito de defensa de esta pieza separada del caso Gürtel, en el que solicita que se le exima de la pena de siete años y nueve meses de prisión que se pide para él por falsedad documental y delito electoral. Cosa normal en un escrito de defensa, elaborado, como en este caso, por letrados de reconocida solvencia. Ahora bien, lo que no es tan habitual es que, en ese mismo documento, pida al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que se cite a 32 personas; entre ellas, Rajoy, Cospedal y Bárcenas.
Esto se ha convertido en un sálvese las y los que puedan. Ricardo Costa tiene un papel muy difícil.