La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de preferentes porque supondría crear un «paradigma de macro-causa ingobernable» que generaría una «grave desprotección a las víctimas». El fiscal pide que los autos los resuelva el pleno «dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse».
Los escritos van dirigidos a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la misma que ordenó a Andreu investigar las preferentes e incorporarlo a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia, si bien al admitir las querellas el juez decidió abrir una pieza separada con ellas.
Anticorrupción cree que, ante la «previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido», debe ser el pleno el que «decida el cauce por el que deberán dilucidarse las eventuales cuestiones que se susciten ante la sala», por lo que reclama la celebración de una vista oral previa.
La investigación emprendida por Andreu abarca al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis miembros del consejo de administración , otros ocho altos cargos de esta entidad y Bancaja, así como contra sus filiales, Bankia, y su matriz, BFA.
Según su criterio, la comercialización de preferentes comprende una doble vertiente: la primera la de su ideación y venta general por parte de la cúpula directiva de las entidades, lo cual ya se está investigando en la causa de Bankia, en la que están imputados todos los que fueran miembros de su consejo de administración y su expresidente Rodrigo Rato.
La otra es la comercialización individualizada por parte de los directores de las sucursales, y es en este punto en lo que discrepa la Fiscalía, que considera «improcedente» iniciar una investigación penal «masiva» dirigida contra todos estos empleados.
En este sentido, sostiene que «el engaño dirigido a una masa de víctimas puede idearse desde la dirección de las entidades, pero no desde la posición de quienes comercializaron» estos productos.
«Y ello porque resulta descabellado mantener que existió una planificación general y orquestada por todos los directores, comerciales o empleados de sucursales» para «colocar de forma fraudulenta» las preferentes entre los inversores minoristas.
Además, «igualmente queda fuera de toda lógica» que estos trabajadores conocieran los estados financieros de la entidad, cuando lo que ocurrió «sencillamente» es que los comerciales se limitaron a vender un producto «autorizado y regulado, siguiendo las instrucciones impartidas por la dirección de las cajas».