«Ayuntamientos y CCAA ahorrarán porque España tiene más credibilidad»

 

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este sábado que ayuntamientos y comunidades autónomas conseguirán un ahorro en lo previsto dentro del plan de pago a proveedores porque España «tiene más credibilidad en el mundo» y ahora las cuentas «son mejores».

Beteta, que ha participado en la interparlamentaria del PP de Sevilla junto al vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, y al líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha destacado que el Gobierno conseguirá ahorrar 350 millones al año gracias a que ahora «prestan el dinero más barato» a España, por lo que en tres años serán «mil millones extra» para las entidades locales y autonómicas al pagar menos intereses.

Ha asegurado que «España va avanzando y estamos saliendo de la crisis económica», lo que no significa que los problemas hayan terminado, pero sí que se están solucionando «aquellos elementos que impedían que se saliera» de la mala situación. Ha apostado por «avanzar y trabajar en la credibilidad», algo que en su opinión pasa por demostrar al mundo que España es capaz de cumplir con sus objetivos, como con el déficit.

«Vivimos un tiempo de reformas en el que la reforma de las administraciones es algo esencial», ha manifestado Beteta, quien ha explicado que no solo se trata del ámbito local, sino que debe partir del Estado para «concretar lo esencial y volver a lo básico», poniendo el acento «en el servicio al ciudadano».
La actuación debe ser servir al ciudadano con «eficacia y eficiencia», reduciendo los gastos, bajando los impuestos «cuando se pueda», con una competencia por administración, y no gastar «más allá de lo que se ingresa», ha agregado.

Ahora «falta la segunda parte», que según ha dicho debe ser «reconducir» la relación del mundo local con el autonómico para que cuando una comunidad utilice a una entidad local «pague lo que debe» en el momento de prestar el servicio, de forma que se consiga el traspaso horizontal entre Estado, comunidad y ayuntamiento. ePara ello, es fundamental reducir «aquello que no tenga valor añadido para el ciudadano», ha apuntado.

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