El Banco de España destacó en 2008 la «competencia» y «capacidad para afrontar la crisis» de la dirección de Bancaja, que dos años después desapareció como entidad independiente al fusionarse con Caja Madrid y solicitar ayudas públicas millonarias para acabar integrada en Bankia.
Las positivas consideraciones sobre los gestores de Bancaja figuran en los informes de inspección del supervisor aportados al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, pese a que en ellos ya se alertaba de que la entidad no había seguido su recomendación de limitar su exposición al sector inmobiliario y calificaba de «delicada» la situación de la liquidez.
A pesar de estas advertencias, el Banco de España señalaba en un informe fechado en octubre de 2008 que la caja valenciana contaba con una «gobernanza aceptable» y que el entonces director general, Aurelio Izquierdo, que acababa de cumplir un año en el cargo, «era anteriormente director general adjunto, por lo que conoce la entidad».
«Cuenta con una segunda línea directiva competente y conocedora del negocio bancario. El principal reto al que debe hacer frente la entidad es el manejo de la actual crisis, tanto por lo que se refiere a la liquidez como al sector inmobiliario. Se les considera con capacidad para afrontar la crisis y para tomar las medidas que sean necesarias de acuerdo a la evolución de la entidad», añadía.
En ese mismo escrito, sin embargo, ya se alertaba de la «importante exposición al riesgo crediticio con el sector promotor inmobiliario» y se subrayaba: «Aunque se les planteó en la visita anterior el limitar este tipo de exposición, no se ha seguido tal recomendación, en parte por los compromisos asumidos».
También advertía el Banco de España de la «delicada» situación de la liquidez, debido a la «fuerte dependencia de los mercados mayoristas y de capitales en que ha basado su estrategia de crecimiento», y aconsejaba a la entidad un «estudio realista (…) sobre la adecuación de su estructura de financiación».
La situación no mejoró al año siguiente, cuando el supervisor volvió a inspeccionar la entidad en septiembre de 2009 y observó un «notable» aumento del riesgo de impago de su inversión crediticia, la irrupción «con fuerza» de la morosidad y el crecimiento «vertiginoso» de las daciones en pago y las refinanciaciones. «La situación de Bancaja exige un seguimiento intensivo y continuado, tanto de su inversión crediticia como de su liquidez», decía ese segundo escrito.
El último documento del Banco de España, actualizado con datos a 30 de abril de 2010, volvía a recomendar a la entidad que prestara «suma atención» a los riesgos contraídos «con los sectores de promoción y construcción inmobiliaria», cuya mala evolución «ha ocasionado (…) quebrantos a la caja», y decía que recuperar las operaciones morosas debía ser «una prioridad estratégica».
Este informe es de diciembre de 2010, cuando Bancaja ya había suscrito el «contrato de integración» con Caja Madrid y las otras cinco cajas que acabaron formando Bankia. Los documentos también hablan de «descontrol general» en las líneas de avales a compradores o de prácticas «no prudentes» como desarrollar proyectos de urbanización con garantías personales y no de suelo.
Cuando en 2007 suscribió su contrato como director general, Aurelio Izquierdo, que hoy tiene 53 años, pactó una pensión de 7,6 millones y un seguro de prejubilación por otros 6,2 millones, aunque en junio de 2012, después de abandonar Bankia, renunció a esta última cantidad.
El ex director general de Bancaja, que en octubre de 2011 se convirtió en presidente del Banco de Valencia, es una de las 41 personas relacionadas con esta última entidad investigadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Otro de los investigados es el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, que fue quien nombró a Izquierdo su segundo en esa entidad y quien le precedió en la presidencia del Banco de Valencia. Izquierdo también figura en una de las querellas por la comercialización de participaciones preferentes admitidas a trámite por el juez Andreu.