Así lo ha anunciado el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que este jueves ya avanzara esa posibilidad con el fin de aumentar los ingresos y poder cumplir con el objetivo de déficit, fijado en el 1,6 % para 2013. El impacto económico de estas medidas, aprobadas bajo la figura del decreto ley, se sitúa entre los 40,9 y los 43,1 millones de euros para 2013, entre 118,8 y 124,7 millones para 2014, y entre 127,7 y 133,6 millones para 2015.
Respecto a las herencias, se incrementan las actuales reducciones en la base imponible por parentesco como en el caso de la vivienda habitual, en la que se sustituye la deducción estatal de 122.606 euros a una deducción autonómica de 150.000 euros, y el plazo para mantener la adquisición se reduce de diez a cinco años. Además, en este ámbito se ha aprobado una reducción autonómica por vivienda habitual de 100.000 euros (antes 40.000) para los cónyuges, descendientes o adoptados de 21 años o más, ascendientes o adoptantes. En el caso de los menores de 21 años, la reducción se sitúa entre los 100.000 y los 156.000 euros (antes entre 40.000 y 96.000), en función de la edad. En cuanto a las donaciones, se establece un límite máximo de importe de bonificación solamente para parentesco de 150.000 euros (antes 420.000), y se incrementan las reducciones en la base imponible por parentesco.
El Consell ha aprobado un nuevo tipo general dentro del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que pasa del 8 al 10 % en el caso de inmuebles. Se mantiene la misma fiscalidad en adquisición de viviendas protegidas, en vivienda habitual de jóvenes de hasta 35 años, en la adquisición de inmuebles por pymes y jóvenes emprendedores y los tipos superreducidos para familias numerosas, discapacitados y VPO de régimen especial.
En el caso del tipo de transmisiones onerosas de muebles, se incrementa del 4 al 6 % el tipo general y concesiones administrativas, y del 4 al 8 % la transmisión de vehículos usados de más de 2.000 cc o de más de 20.000 euros y embarcaciones usadas de más de 8 metros de eslora o más de 20.000 euros. Se establecen unas cuotas fijas para las transmisiones de vehículos de más de doce años, que oscilan entre los 10 y los 55 euros en motocicletas, y entre 40 y 140 euros en el caso de turismos y todoterrenos. Las medidas fiscales comprenden también un incremento de tres décimas (del 1,2 al 1,5 %) en el tipo de Actos Jurídicos Documentados.
El decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit público «toca impuestos que no afectan a la capacidad de consumo de los ciudadanos» y su fin es garantizar la prestación de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y la asistencia social, según Moragues.
Preguntado si podrían producirse más novedades en materia tributaria en lo que queda de año, ha indicado que no se piensa «en tocar nada más». Respecto a cómo se justifica esta variación fiscal en el ideario del PP, el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha reconocido que el partido se comprometió a no subir los impuestos, pero las medidas adoptadas responden a una situación excepcional y ahora la prioridad es salir de la crisis, tras lo cual ha expresado su convencimiento de que se bajarán los impuestos.
El conseller ha asegurado que se va a intentar cumplir con el objetivo de déficit del 1,6 % fijado «o al menos no quedar muy lejos» pero siempre teniendo en cuenta, ha dicho, que los servicios esenciales de educación, sanidad y bienestar social son «sagrados». «Vamos a intentar llegar -al 1,6 %- pero no haciendo locuras sino vía consecución de eficiencia y ahorro», ha manifestado para insistir: «Por cumplir el déficit no podemos cerrar colegios, cerrar hospitales o bajar la calidad asistencial».
Moragues ha recordado que la Generalitat reivindica un cambio en el modelo de financiación que «rompa con el pasado», pivote sobre la población ajustada y tenga efectos retroactivos a 1 de enero de 2014 para poder «reequilibrar» sus cuentas. Sobre la posibilidad de retrasos en el pago de intereses derivados del Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de pago a proveedores, se ha limitado a comentar que las relaciones de la Generalitat con las entidades bancarias son buenas y, llegado el momento, habrá que ver «cuál es la mejor solución».