El juez que investiga al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que indique el órgano competente para seguir con la instrucción de la causa tras su reciente renuncia al acta de diputado.
Así consta en un auto, con fecha 5 de mayo y contra el que cabe recurso, dictado por el magistrado Antonio Ferrer, que investiga si Alperi pudo cometer fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
Junto a Alperi, en esta causa también están imputados otros tres empresarios más -Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L.- por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio. Así mismo, se amplió el proceso contra una quinta persona, Javier P.L., por entender la Fiscalía que junto con Alperi podría haber cometido un delito de cohecho impropio.
El procedimiento se ha estado instruyendo en el TSJCV al acreditar Alperi su condición de diputado. Sin embargo, hace aproximadamente un mes renunció a su acta por motivos de salud, y esta decisión fue comunicada al tribunal valenciano. Ante su renuncia, y al haber perdido la cualidad de aforado, el magistrado ha acordado elevar las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del triubnal valenciano para que se pronuncie sobre la eventual pérdida de competencia para proseguir la instrucción de la causa.
La causa partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra Díaz Alperi en la que el ministerio público -en base a un informe de la Agencia Tributaria- ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.
En el caso del ejercicio de 2007, y en relación con una operación de crédito de 942.678 euros relacionada con el exalcalde y dos de los empresarios, presentaba la «apariencia» de tratarse de una operación «totalmente simulada» que en la medida que le ha determinado un aumento patrimonial no justificado, llevó a Hacienda a considerar, tras una investigación, que procedería realizar una regulación en la declaración del IRPF por 405.351 euros.