Uno de esos problemas que se enrocan y se eternizan cuando caen en manos de los políticos es el nuevo sistema tarifario de la luz, del que se viene hablando los últimos meses, sin arrojar el más mínimo resquicio de ‘luz’, valga la redundancia, nos va a pillar en pleno clímax navideño.
Tras barajar diferentes porcentajes al alza y a la baja, tras abortar una subasta que siempre había sido polémica, tras plantarse ante las empresas del sector como paladines de la justicia, sin reparar en que sus compañeros jubilados campan por ellas (energéticas en general) por doquier, llega al Consejo de Ministros el nuevo sistema tarifario que revisa, como no, al alza, el precio de la luz. Pero eso si, como todas las cuestiones que abordan sus señorías: con carácter transitorio.
La factura se regirá atendiendo a dos preceptos que elevarán el coste el primer trimestre entre un 1’4 y un 2’9%, dependiendo si se hace la media y revisa el contrato sobre los últimos seis o tres meses, respectivamente, al que habría que sumarle un 1% en concepto de peaje, siempre el peaje… En consecuencia, la broma, aunque no tenga ninguna gracia, se sitúa en torno a un 2 o un 4% aproximadamente.
Lo mejor de todo es que la propuesta del Gobierno se sustenta en un informe previo elaborado por la CNMC (ente abstracto, como la totalidad de ellos que no se sienten, pero se padecen, que responde a las siglas de Comisión Nacional del Mercado de la Competencia). Pero lo mejor, como indicaba, es que la susodicha propuesta no deja contento a nadie, ni a empresas ni a consumidores. A los segundos, lo entiendo, los primeros imagino que por asumir también ese rol de pseudo damnificado.
El caso es que las eléctricas desde su patronal, UNESA, Asociación Española de la Industria Eléctrica, ‘exigen que se clarifique urgentemente y con la mayor transparencia el resultado del informe de la CNMC’. La verdad es que UNESA en un comunicado reciente se despachaba a gusto y listaba los perjuicios que genera tanto para empresas como para consumidores la incompetencia política de los que nos gobiernan. Aunque llamar ‘subasta’ al acto en el que los que los ‘tocan’ fijan el precio de la tarifa de luz, ya suena pelín raro, ¿no creen?.
Desde esta patronal se ha llegado a decir que ‘casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de las Administraciones y no para cubrir los costes del suministro eléctrico’. La campaña que ha iniciado Iberdrola, por ejemplo, ya es bastante elocuente en este sentido.
Y desde el otro lado, por ejemplo, los consumidores, a través de voces autorizadas como AVACU advierten que se siguen poniendo parches a un problema muy serio y que afecta a todas las familias de este país y demandan una auditoría de costes y a partir de ahí valorar cuál sería el precio máximo.
Fernando Moner, presidente de AVACU nos comentaba que ‘en estos momentos España tiene el precio más caro de toda Europa y nuestra factura se ha duplicado en los últimos 10 años. Hace una semana la subían un 11% y ahora dicen que sobre un 3%. Da la sensación de que nos toman el pelo. Lo que sí sabemos es que va a ser muy difícil que muchas familias en 2014 puedan pagar el recibo de la luz y esto creará más pobreza energética. Que, a su vez, puede provocar problemas de salud en todos aquellos que tengan que desconectarse de la energía. La luz es un bien necesario y debe existir una transparencia total para fijar tarifas’.
Algo me queda claro y me disgusta, los consumidores no somos responsables de casi nada, pero cargamos con los sobrecostes que genera la incompetencia de unos y otros, entendiendo, por unos y otros, principalmente a los políticos: los que están en el Ejecutivo y también los que recalan luego en los Consejos de Administración. De ahí que sea tan triste señalar aquello del ‘ultimo que a-pague la luz’.
María Vila, periodista