Exdirectivos de la CAM declararán este lunes

Los dos exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, su exdirector general Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, declararán este lunes, 26 de enero, en el juicio de la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos de 18,9 millones de euros a este último.

UN «BURDO INSTRUMENTO» PARA INFLAR LOS SUELDOS

El representante del Ministerio Público destaca en su escrito provisional de acusación que, a partir de 2005, López Abad «buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos».

Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de «cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja», López Abad creó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que debía funcionar como comisión de control de todas las empresas participadas por la caja.

En opinión de la Fiscalía, este órgano fue «un mero y burdo instrumento» ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM «cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre cajas de ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones».

Tras destacar en su escrito que la Comisión se reunió en 16 ocasiones, Anticorrupción apunta que en todos estos encuentros y, con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, «la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad».

«ATENTO A SUS INTERESES PERSONALES»

Avilés, además, aprovechó su influencia en la entidad para conceder a ‘La Vereda de Sucina’, una empresa que controlaba a través de sociedades interpuestas y varios familiares, préstamos para operaciones inmobiliarias por un total de 18,9 millones de euros.

Anticorrupción señala que, «además de cobrar de la CAM una dieta de 3.336 euros como presidente de la Comisión de Control, estuvo durante todo ese tiempo mucho más atento a sus intereses personales e intentó de diversos modos presionar a los directivos de CAM para que ésta le comprara su promoción, y le liberara así de los perjuicios económicos que la misma le había ocasionado».

Sin embargo, la asunción por parte del FROB de la administración provisional de CAM «impidió, no obstante, que esta operación llegara a realizarse». Para sortear el control del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y renovar sus préstamos, llevó a cabo la simulación de participaciones por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste, a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.

La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo «créditos en condiciones ventajosas» para empresas vinculadas a su familia.

Por su parte, Avilés ha defendido en varias ocasiones su inocencia. «Ya lo he dicho por activa y por pasiva, he venido aquí a demostrar mi inocencia», aseguró en declaraciones a los medios en la primera jornada de la vista oral. «No lo digo yo, lo dicen los escritos», añadió.

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