Fernández Ordóñez ha comparecido hoy en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la intervención de la CAM por el Banco de España, donde ha dicho que la actuación de gestores y la Comunitat es una de las diferencias entre esta caja y otras que «lo han hecho mejor» en el proceso de reestructuración bancaria. Ha destacado que las Comunidades Autónomas tienen «plena competencia» en el nombramiento de consejeros de las cajas y ha dicho que «no hay más que mirar lo que han hecho para darse cuenta de quién tenía la competencia y constatar cómo han actuado las comunidades».
El Banco de España, ha dicho, podía vetar nombramientos en el caso de los bancos «por cuestiones de honorabilidad», pero no en las cajas, donde la competencia «es totalmente de las comunidades autónomas», a las que considera dueñas de estas entidades, aunque no lo sean de forma estricta.
La burbuja del sector inmobiliario, la regulación financiera, la supervisión del Banco de España y los problemas de gobernanza de las cajas también jugaron un papel en la caída de la CAM, pero no explica, a su juicio, el peor resultado de esta caja, puesto que fueron iguales para todas las entidades españolas.
Ha defendido que el Banco de España dio «la misma aplicación a todas las entidades de crédito» de la normativa de reestructuración bancaria aprobada por el Parlamento, por lo que la «diferencia de resultados» no se debe que esta entidad supervisora haya dado «peor trato» a la CAM.
Ha explicado que la caja alicantina no recibió la ayuda del FROB porque no presentó un plan viable de reestructuración y tampoco consiguió un socio, y ha asegurado que la supervisión del Banco de España hubiera dado «saltos de alegría» si la CAM hubiera encontrado una solución que evitara su intervención.
Fernández Ordóñez ha señalado que la caja alicantina ni lo hizo bien durante la burbuja del sector inmobiliario ni supo «aprovechar el salvavidas» que se le lanzó con la ley del FROB, al tiempo que sus gestores no tuvieron «voluntad de integrarse en el SIP», al que pusieron «impedimentos».
Sobre la venta de cuotas participativas y preferentes, ha resaltado que los gestores de las entidades hacen las emisiones sin autorización del Banco de España, cuya competencia «es verificar que las condiciones que exige el legislador se cumplen».
El exgobernador del Banco de España también ha afirmado que el «peor daño» de la CAM fue «el que causó al sistema bancario y al resto de entidades sanas» debido a la filtración de informaciones sobre los problemas que padecía.
Ha denunciado que oír hablar a los gestores de la CAM de la falta de alerta del Banco de España sobre la situación de la caja, es como si alguien que tuviera un accidente de tráfico por consumo de alcohol dijera que no sabía que tenía un alto grado de alcohol porque la Guardia Civil no se lo había dicho.
Al respecto, ha asegurado que los gestores de la caja estaban «mejor informados que la comisión ejecutiva del Banco de España» porque se les mandaron los resultados de las seis inspecciones hechas por la supervisión entre 2008 y 2010, datos que se enviaron también al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
El exgobernador del Banco de España se ha mostrado partidario de regular las remuneraciones y salarios de los responsables no solo de los bancos nacionalizados, sino también de aquellas entidades que «van bien», y confía en que en España se haga en breve.
«Está bien que un accionista le diga a usted que puede cobrar 80 millones de euros por esto y por esto, pero los va a cobrar cuando tenga yo garantía de que me no ha dejado la entidad de esta forma», ha defendido.
Fernández Ordóñez fue citado el año pasado por la comisión de investigación, pero rehusó comparecer al alegar un informe del Consejo de Estado que considera que Les Corts Valencianes no pueden fiscalizar órganos ajenos al ámbito de la Comunitat Valenciana, aunque la comisión de investigación acordó en mayo citarle de nuevo.