El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha asegurado este jueves que el visto bueno de la Comisión Europea a la operación de refinanciación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana «supone el mantenimiento de miles de pequeñas y medianas empresas valencianas».
Así se ha manifestado Moragues en un comunicado tras conocerse la autorización de Bruselas de la ayuda para la reestructuración de la SGR, consistente en una inyección de capital de 60 millones y un aval de 200 millones, a cambio de una reducción «significativa» del tamaño de la compañía, una mejora de la gestión, y la retirada de los segmentos de mercado con mayor riesgo.
El conseller ha valorado «muy positivamente» esta autorización a la operación de refinanciación realizada sobre la SGR el pasado mes de julio. Coincidiendo con la aprobación del aval en el pleno del Consell del pasado 5 de julio se incluyó una condición resolutoria en la que se condicionaba su validez a la decisión que adoptara la Comisión Europea. Así, en caso de que este fuera calificado por la autoridad europea como ayuda de Estado no compatible, habría quedado sin efecto y habría que liquidar la sociedad.
«El esfuerzo y la coordinación entre 35 entidades financieras, la Generalitat, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Tesoro, el Banco de España y la propia Unión Europea va a permitir dar viabilidad a esta sociedad, cuya quiebra habría supuesto un importante quebrando para gran cantidad de pequeños y medianos empresarios y para la propia Generalitat, por los riesgos reavalados que mantiene esta entidad», ha manifestado Moragues.
Moragues ha incidido en que esta sociedad es «un instrumento de gran importancia para la financiación de las pymes valencianas» y la refinanciación «ha permitido evitar una situación de quiebra que habría afectado de forma muy negativa a 8.000 empresarios de esta comunidad, todos ellos partícipes de esta entidad».
Asimismo, ha explicado que está operación no solo ha consistido en una inyección de liquidez, sino que con ella se han sentado las bases para que «la SGR de la Comunitat Valenciana pueda poco a poco solventar sus problemas de liquidez, tras pasar por un proceso de saneamiento importante, y reanudar su actividad aplicando criterios de prudencia, control del riesgo y responsabilidad».
«Con el visto bueno definitivo a esta operación, Europa da su respaldo y su aval al trabajo realizado durante meses por todos los implicados, que hemos apostado desde el minuto cero por la supervivencia de esta entidad, de gran arraigo y tradición en la Comunitat Valenciana», han resaltado desde Hacienda.
200 millones de euros
En la operación de refinanciación aprobada y formalizada el pasado mes de julio por importe de 200 millones de euros participó un ‘pool’ bancario compuesto por un total de 35 entidades financieras y contó con el aval de la Generalitat. Esta operación va ligada a un plan de viabilidad, un plan de reestructuración y un plan de negocio para los próximos cinco años, y todo ello ya obtuvo la aprobación y el visto bueno formal del Banco de España.
La Generalitat, en aras de asegurar el cumplimiento del plan de viabilidad y conceder su aval a esta operación, estableció unos mecanismos de control de la actividad de la SGR. Así, el IVF ejerce las funciones de supervisión y control sobre la entidad, y además se estableció una limitación en cuanto a los riesgos cubiertos por garantías públicas de la Generalitat, dentro del total de los riesgos avalados por la SGR. Con esta limitación, en ningún momento el total de los riesgos garantizados por la Generalitat podrá superar el 50% de los riesgos totales avalados por la SGR.
Problemas desde 2012
A comienzos de 2012 la Generalitat prestó nuevamente su apoyo financiero a esta sociedad suscribiendo una ampliación de capital de 45 millones de euros y realizando una aportación adicional al Fondo de Provisiones Técnicas por otros 15 millones de euros.
A pesar de estas aportaciones, que inicialmente se consideraron suficientes para asegurar la viabilidad de la sociedad, no se pudo evitar que entrara en causa de disolución debido al deterioro de su cartera tras la auditoría encargada por los nuevos administradores.
Desde ese momento, el Consejo de Administración de la SGR en el que se encontraba representado el Consell como socio mayoritario con el 40%, se puso a trabajar en la necesidad de reducción de capital que se hacia necesaria para su supervivencia. Así, empezó a negociar con entidades financieras una solución, que se plasmó en la operación de refinanciación suscrita en julio de 2013 y que culmina ahora con el visto bueno definitivo otorgado por la Comisión Europea.