La mayor garantía democrática de un país es, sencillamente, que se cumplan las leyes. Lo otro, el respetar presuntos derechos individuales y colectivos, como engoladamente pregonan algunos, resulta secundario. Sí. Depende de qué derechos estemos hablando y de si están o no respaldados por las leyes votadas por nuestros representantes. Lo más importante de todo es, pues, la ley.
En eso, qué quieren que les diga, nuestro país flojea un poco. Aquí no se respetan ni las leyes de tráfico, las de propiedad intelectual o las del Código de Comercio: si no, de qué iba a haber tantos clientes del top manta, al margen de los impuestos, las reglamentaciones laborales y el derecho de propiedad.
Lo peor de todo, sin embargo, es cuando son las propias instituciones quienes se saltan la ley a la torera. El ejemplo lo tenemos en la negativa de la Generalitat catalana a devolver a Aragón bienes eclesiásticos retenidos en la diócesis de Lérida. Si usted y yo, en cambio, nos negásemos a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, como es el caso, tendríamos en seguida a la policía judicial delante de nuestra puerta.
Peor, si cabe, es la desobediencia del Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional, aprobando ilegalmente el proceso de independencia unilateral respecto a España.
Todo esto resulta aún más inquietante al producirse en la región históricamente más respetuosa de las relaciones contractuales, de los derechos de los demás y del cumplimiento de cualquier tipo de normas.
La sensación inevitable que tenemos los ciudadanos con todo esto, al margen de nuestras ideologías respectivas, es que en este país las leyes están para ser vulneradas y que esa actitud, además, nos sale totalmente gratis.