No hay día -o semana- sin su caso de corrupción relacionada con alguna Administración Pública. Esta semana ha tocado la Comunidad de Madrid -en la persona de uno de sus antiguos máximos dirigentes, varios alcaldes y exalcaldes- con ramificaciones en León, Valencia, Cartagena , etc. Las semanas anteriores tuvimos la triste experiencia del expolio (presunto, por ahora, claro) de Cataluña y Andalucía; la Comunidad Valenciana ha estado también en el punto de mira ¡faltaría más! Y, lo cierto es que parece que en la corrupción no hay enmienda, ni Administración o región que se salve.
Esto nos lleva a preguntarnos si habrá alguna puerta de salida para esta lacra, que parece que con la respuesta penal no cesa. Parece que a los corruptos o eventuales corrompibles no les intimida lo más mínimo la posibilidad de que les pillen y acaben en la cárcel. Se dice que es porque pillan a pocos, condenan a menos y –en ningún caso- se recupera el dinero, con lo cual puede salir rentable unos años “a la sombra”.
Frente a esto y ante las numerosas preguntas que –a los expertos en Derecho y más o menos metidos en la opinión pública- nos suelen hacer de si no hay herramientas –o puede haberlas- para atajar esta lacra, injusta y desincentivadora del trabajo honrado, que está generando una desafección popular hacia la clase política, las instituciones y las administraciones –y recordemos que ese pueblo es, según la Constitución y la mejor tradición jurídico política, el titular de la soberanía, y un día se puede hartar-, creo que hay que hacer unas reflexiones desde la realidad jurídica actual y lo que ésta nos ofrece.
Obviamente, la primera y más elemental actuación contra estos delitos sería la desaparición de los paraísos fiscales, cuna y sepulcro –para esperar “mejor vida”-de los dineros negros, y máxime de los de origen ilícito. Pero esto está fuera del alcance de las posibilidades del Estado –de nuestro Estado y de la mayoría de ellos-, pues los paraísos fiscales se amparan en la soberanía de los países donde se ubican y tan sólo alguno de ellos colabora tímidamente con las autoridades de otros países. Además, son el refugio seguro del dinero necesario para financiar operaciones clandestinas, sobornos a altos dignatarios de países emergentes relacionados con sus recursos naturales y sistema natural de pagos para tan lucrativos como ilícitos e inmorales negocios como el tráfico de armas o de estupefacientes.
El rearme moral, la regeneración democrática y la ejemplaridad pública –sobre la que acaba de publicar una lúcida tetralogía el jurista y filósofo Javier Gomá Lanzón- son, sin duda necesarias, pero de lenta implantación y hemos sufrido demasiadas malas experiencias de corrupción en supuestamente ejemplares políticos –a veces, faros de sus conciudadanos en su ámbito local o regional, incluso nacional-, que hacen dudar que se vaya por una senda de verdadera regeneración, al menos en unas cuantas generaciones. Lo que no quiere decir que no hay esperanza por este camino (aunque los resultados son a medio/largo plazo): los modélicos países escandinavos eran a principios del siglo XX espectáculo de corrupción y pudieron cambiar la forma de pensar y de plantearse la vida pública y en unas –relativamente- pocas generaciones- llegar a ser un modelo.
Y es, precisamente, en estas sociedades modélicas, en las que se evidencia el buen camino para parar esta pendiente cuesta debajo de la corrupción: la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas y entidades vinculadas a ellas.
En España emprendimos el camino hace un año, aproximadamente, con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013). Cuya efectividad plena –salvo excepciones- será en diciembre de 2014.
La Transparencia en la gestión pública –que va más allá de las Administraciones, pues se aplica a entidades filiales e instrumentales de éstas, incluso a contratistas, concesionarios y perceptores de subvenciones- es fundamental en la regeneración democrática y la mejor herramienta contra las prácticas corruptas.
Si hay transparencia –e invito a todos los amables lectores a que curioseen en esta Ley, que pueden descargarse por internet, y sobre la que podemos seguir hablando en futuros artículos- es muy difícil que puedan perpetuarse malas prácticas, pues pueden ser fácil y prontamente detectadas y corregidas. Pero la eficacia de la Ley va a precisar de un cambio social y administrativo importante: asumir la cultura de la transparencia, tanto por administradores como por administrados.
Va a tener usted, ciudadano, la llave para abrir la cosa pública a la luz y denunciar lo que detecte de irregular, pero para ello tendrá que acudir al Portal (informático) de Transparencia de la Administración que le interese y bucear los datos y si algo le llama la atención y no lo ve suficientemente explicado o constatado, pedir más información –también lo prevé la Ley- y hacer un seguimiento de lo que le interese o piense que merece la pena controlar.
Va a poder -usted, yo, su vecino, cualquiera- saber a quien y en qué condiciones contrata la Administración, a quién y cómo se la dan subvenciones, qué ganan y como gestionan nuestro dinero los responsables públicos, y si tienen o no autorizada la compatibilidad con otras actividades.
La transparencia puede hacer que esto cambie –y así lo señalan las organizaciones internacionales que luchan contra la corrupción en la vida pública-, pero no es sino una herramienta que podemos utilizar para ello. En definitiva es labor de todos, un instrumento en manos de la sociedad civil para reconducir a la virtud a la sociedad política.
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