Después de décadas de espera, la apertura de la primera tienda de Ikea en la Comunitat Valenciana se convirtió en una realidad el pasado martes, 17 de junio. Una jornada matinal que comenzaba pronto para una inauguración, ya que la hora de citación era a las ocho, tanto para medios de comunicación como para autoridades.
Y lo que debería haber sido un día festivo y tranquilo para las partes implicadas, a saber, la propia Ikea, el Ayuntamiento de Alfafar y la Generalitat Valenciana, terminó convirtiéndose en un peligroso cruce de declaraciones que a punto estuvo de estropear una jornada histórica.
Como telón de fondo la polémica suscitada por la apertura o no de la nueva superficie del mueble en días festivos y sobre todo, en domingos, ha terminado convirtiéndose en un problema tanto para Ikea como Alfafar y la Generalitat Valenciana.
Y quién carga con la culpa de cara a la opinión pública? El Ayuntamiento, claro. Faltaría más, por cumplir con la normativa vigente en aperturas dominicales y no ceder ante los intereses de una multinacional.
Porque ahora resulta que cuando una administración local cumple con la competencia de horarios atribuida a los ayuntamientos desde la Generalitat, el malo de la historia es el alcalde de turno por respetar la legislación.
Para empezar, el alcalde de Alfafar, Juan R. Adsuara no ha cambiado de opinión como se empeñan en argumentar desde Ikea y otros medios y sectores interesados. Lo único que hizo fue abrir un expediente para la declaración del parque comercial como Zona de Interés Turístico, que en la práctica equivale a permitir la libertad completa de horarios.
Es decir, cuando el Ayuntamiento de Alfafar inició el expediente se limitó a consultar al resto de empresas implantadas en la zona, donde por cierto, hay varias multinacionales y no solo comercio local, sobre la conveniencia o no de las aperturas en la zona durante las jornadas festivas.
Posteriormente, al encontrarse más rechazo que aprobación entre los comerciantes, las asociaciones vecinales, y varias de las empresas consultadas, optó por cerrar dicho expediente, con carácter temporal, para madurar en un futuro próximo la autorización de dichas aperturas.
Ante esta situación se da la paradoja que la sociedad reclama a nuestros políticos y administraciones que cumplan con la legislación vigente. Y cuando resulta que se respetan dichas directrices, buscando además el consenso, el cumplidor se convierte en el enemigo a batir por las grandes empresas y la administración superior, dígase en este caso, la Generalitat.
Por tanto, quién no cumple en materia normativa? El Ayuntamiento que realizó un trámite normal, o Ikea que en su lícito derecho de defender sus intereses optó por recurrir directamente a la Generalitat sin tratar de buscar una nueva negociación con el consistorio?
La llegada de la multinacional sueca ha sido bien recibida por todos. Incluido el municipio de Alfafar, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que las grandes superficies lleguen avasallando a cualquier localidad, dejando a su principal agente, que es el Ayuntamiento, a la altura del betún.
Este sistema ha granjeado conflictos en múltiples municipios, porque antes de cumplir con lo establecido, las compañías optan por buscar el enfrentamiento directo.
Y en este caso aparece la Generalitat como agente arbitrario, concediendo diez días al consistorio para presentar alegaciones sobre la decisión tomada, al igual que a la empresa sueca. Que en la práctica no es otra cosa que plegarse casi de facto a los intereses de una gran compañía.
Pues perfecto. Pero entonces la pregunta es por qué la Generalitat no actúa habitualmente de reguladora, como hizo en el pasado, y recupera las competencias comerciales para librar a los ayuntamientos de tener que tomar decisiones tan complejas en materia de aperturas en festivos?
Es evidente que todos los municipios se van a encontrar con una oposición vecinal de menor o mayor calado, además de los intereses del comercio local. Y aquí viene el primer problema. Dónde radican las competencias de un alcalde? Defender los intereses de sus vecinos o los de las grandes empresas?
Por supuesto que también es una obligación para un gobierno local atraer la inversión a su municipio. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es plegar velas al estilo berlanguiano de Bienvenido Mister Marshall, para hincar la rodilla a las primeras de cambio.
En la zona comercial de Alfafar, y también de Sedaví, conviven desde hace muchos años grandes y pequeñas empresas, comercio local y multinacionales, y salvo en excepciones, se ha trabajado en consenso en la apertura de horarios.
De momento, la experiencia más cercana sobre la libertad de horarios está en Valencia, pero a decir verdad, las aperturas dominicales no han levantado grandes expectativas entre los consumidores valencianos.
Es verdad que no hay que poner cortapisas a la libertad de mercado, pero como todo en la vida, la libertad tiene ciertos límites, a pesar de conceder la permisividad.
Por ello, ante la problemática suscitada, la Generalitat debe actuar de oficio, no para penalizar y a apartar a un ayuntamiento que está cumpliendo con la normativa, si no para buscar un consenso a través del Observatorio del Comercio, como ha propuesto precisamente Adsuara, porque Alfafar no es el único municipio que alberga grandes compañías.
Es un problema que tal vez no tenga una fácil solución, pero que es momento de atajar, porque de lo contrario se puede convertir en un reguero de pólvora difícil de controlar, ante los intereses contrapuestos de alcaldes, comercios locales y multinacionales.