Si a mí me hubieran dicho, allá por los años setenta, que Cataluña nos iba a brindar el espectáculo que estamos viendo, no lo hubiera podido creer, porque en aquel tiempo esa región y buena parte de sus gentes eran sinónimo de sentido común, civilidad y constituían el territorio más cercano al entorno europeo. Sin embargo, lo que vimos ayer en el Parlamento catalán no fue ejemplo de civismo alguno, sino de pura barbarie jurídica y política.
La sociedad catalana, como demuestran una y otra vez las encuestas que encargan la propia Generalitat de Cataluña o los más diversos medios de comunicación, no está mayoritariamente a favor de la independencia, como lo refleja un Parlamento dividido en dos mitades antagónicas, una de las cuales ayer tuvo que abandonarlo para no ser cómplice de la locura que se estaba produciendo.
Que la mitad escasa de la población quiera imponer al conjunto de la sociedad catalana la opción independentista sin debate alguno, mediante un trágala parlamentario, constituye un acto de fascismo político que jamás me imaginaba ver en la política catalana.
Ayer vivimos un acto de golpismo, execrable jurídicamente, pero también contemplamos el comportamiento inmoral de un sector de la clase política catalana que con su actitud sólo está produciendo fractura entre los catalanes, división social y la perspectiva de un enfrentamiento ciudadano de imprevisibles consecuencias, después de décadas de imposición política y mediática de un integrismo nacionalista incompatible con una sociedad verdaderamente democrática.
Ayer los dirigentes nacionalistas hirieron a España, sin duda, pero, sobre todo rompieron la sociedad catalana.