La contaminación acústica engloba, según define la Organización Mundial de la Salud, cualquier tipo de ruido y vibración susceptible de producir daños en la salud, entendida esta como el bienestar físico, psíquico y social. Hoy por hoy este tipo de polución abunda en las calles perturbando la tranquilidad y el confort de nuestros convecinos.
Es por ello que la pasada semana en Les Corts Valencianes, a iniciativa de Ciudadanos, se dio por parte de todos los grupos parlamentarios un paso más en la lucha contra la contaminación acústica, un paso más de los muchos que debemos de caminar entre todos a fin de erradicar, por fin, los efectos negativos de esta contaminación.
Este exceso de ruido es un problema que puede ser considerado desde dos perspectivas, se trata de un factor ambiental presente en nuestra vida por lo que debe analizarse desde el punto de vista medioambiental y, por otro lado, cuenta con un indudable factor social. La dimensión social del ruido se hace patente en la vida cotidiana de cualquier ciudadano: en las actividades de ocio, en el tráfico rodado, ferroviario o aéreo, en la construcción de obras o infraestructuras, etcétera.
La contaminación acústica no representa únicamente una molestia para los ciudadanos, sus efectos van mucho más allá y pueden tener consecuencias graves en la salud de los afectados. El ruido ambiental puede tener consecuencias tanto a nivel psicológico como físico: trauma acústico con pérdida de audición y elevación del umbral auditivo, problemas cardiacos generados por el estrés que produce el exceso de ruido, insomnio, alteraciones del sueño, aislamiento o dificultades para el aprendizaje, entre otros.
En este terreno tiene lugar una paradoja complicada de entender desde el punto de vista legislativo, la lucha contra contaminación acústica está suficientemente regulada, forma parte de la llamada burbuja legislativa, pero en la práctica somos incapaces de cumplirla, generalmente por falta de compromiso.
Resulta frustrante observar cómo año tras año, desde la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana, no deja de aumentar el número de quejas relacionadas con los problemas de contaminación acústica que sufren los valencianos. Los motivos principales de estas reclamaciones son quejas acerca del ruido y las molestias que generan a los ciudadanos los locales de ocio mal insonorizados, la práctica del botellón, las fiestas populares, el funcionamiento de las terrazas en horario nocturno, el nulo respeto por los horarios de cierre, las molestias de equipos de aire acondicionado, las infraestructuras de transportes e instalaciones industriales.
Como ciudadano de Valencia me preocupa la pasividad y falta de compromiso que tienen las Administraciones contra el exceso de ruido en nuestras calles, en particular por parte de los ayuntamientos, ya que no hay que olvidar que la contaminación acústica provoca efectos perjudiciales para la salud, así como responsabilidades patrimoniales por daños y perjuicios. Pero, además, es inadmisible que, en el ámbito municipal, se expliquen los problemas causados a terceros por las molestias de algunas actividades como un conflicto entre particulares cuya solución solo se puede conseguir en los juzgados
Los juzgados han reconocido que el exceso de ruido ambiental provoca la violación de uno de los derechos fundamentales para cualquier ciudadano: “La inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna”.
Es necesario que desde las distintas Administraciones se siga caminando en una misma dirección, todos juntos, por compatibilizar los comportamientos sociales y productivos con el derecho al descanso de los valencianos. Con este fin, el grupo Ciudadanos está desarrollando en Les Corts una línea de trabajo político sobre el control del ruido ambiental que implica y corresponsabiliza a todas las Administraciones, pero inexcusablemente a los ayuntamientos por ser las Administraciones más inmediatas a los ciudadanos.
Artículo de opinión del diputado de Ciudadanos Domingo Rojo