El complicado resultado electoral del 21-D en Cataluña -con unos dirigentes de los partidos que podrían pactar una mayoría absoluta en el parlamento catalán en la cárcel, o prófugos en el extranjero o citadas como investigadas y con incierto futuro procesal- no permite hacer ningún pronóstico político. En la que probablemente será la oposición parlamentaria catalana se sentarán los diputados del partido claramente ganador de las elecciones (Ciudadanos) y del defenestrado por las urnas partido que gobierna España (PP).
Impredecible futuro el de Cataluña en el terreno político y muy predecible en el económico, como lo anuncia la bajada de la bolsa el viernes 22-D, y en especial los valores de las empresas y bancos catalanes, aunque hayan traslado formalmente su sede social fuera de Cataluña.
Pero sea cual sea el devenir político de Cataluña en esta hora de complejos resultados electorales y en los próximos meses, hay una cosa cierta que ha evidenciado la crisis catalana: la Constitución de 1978, y su modelo territorial del Estado de las Autonomías, han agotado su ciclo vital.
Hay muchas otras cosas que generan tensión en el esquema constitucional (relación entre los poderes del Estado, configuración del poder judicial y de ministerio fiscal, papel y funciones del Senado, la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, por ejemplo) y otras que son modélicas (el catálogo y mecanismos de garantía de los derechos fundamentales), pero si hay algo que definitivamente ha quebrado es el modelo territorial del Estado de las Autonomías.
Éste se articuló como un esquema de cuasifederalismo de geometría variable para unas Comunidades (País Vasco, Navarra y Cataluña) y de moderada descentralización para otras. Pero con la práctica política -y la lógica democrática- del “café para todos” se ha establecido finalmente un cuasifederalismo de geometría variable para todos. Pero con un imperfecto deslinde y atribución de competencias entre el Estado y las Comunidades, que se va resolviendo -como tantas cosas en España- judicializando el conflicto político resolviendo las cuestiones debatidas en el Tribunal Constitucional.
La quiebra principal del sistema se está produciendo en el aspecto financiero, en el que se producen los agravios mas significativos (el mayor de los cuales es el gran privilegio histórico de los territorios forales vascos y navarro), pero también el terreno puramente político en el que una parte sustancial de la población de Cataluña (parece que un 47 %) no se siente cómoda en la horma de Comunidad Autónoma dentro de una monarquía unitaria.
La llamada históricamente “cuestión catalana” es una constante de la historia de España, con episodios de mayor intensidad según las épocas. Normalmente tras cada erupción se suele calmar, hasta la siguiente. Pero esta vez puede ser que las medidas paliativas generen un conflicto más amplio. Me refiero a la tentación de todos los gobiernos “pacificadores” de conceder privilegios económicos a los díscolos. Y eso -por ejemplo, la concesión del sistema del cupo también a Cataluña- podría llevar a una proliferación de nacionalismos identitarios para evitar un trato discriminatorio.
Para evitar esta deriva peligrosa y dar una solución política a la cuestión catalana, una solución justa y negociada a la cuestión financiera, es por lo que se impone la necesidad de la reforma constitucional, obviamente desde y dentro de las Cortes Generales de España y con los mecanismos y garantías previstos en la vigente Constitución para las reformas esenciales (aprobación de la reforma, disolución de las Cortes, nuevas elecciones y que las nuevas Cortes refrenden la reforma y referéndum de todos los españoles), lejos de unilateralismos , pero lejos también de inmovilismos.
Si fuimos mayores de edad para hacer y aprobar la actual Constitución, somos ahora mayores de edad para reformarla sustancialmente. Y desde la experiencia de cuarenta años de democracia, sin los condicionantes de una historia sangrienta ya superada y sin amenazas de involucionistas ni terroristas.
Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal