En la declaración unilateral de independencia, este sainete, ópera bufa o charlotada (pues no alcanza los caracteres de un espectáculo meritorio aunque cómico) del “procés” independentista de Cataluña, tenemos en los últimos días dos episodios de gran trascendencia e íntimamente enlazados: la declaración unilateral de independencia y el Auto de la Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 acordando la prisión incondicional de los miembros del gobierno autónomo catalán que impulsaron todo el proceso separatista y pidieron al parlamento catalán la declaración de independencia. Y ello con la excepción de Santiago Vila, para el que fue acordada la prisión eludible bajo fianza. También eludió la prisión el expresidente Puigdemont bajo la “inteligente” medida de no retornar a España desde Bruselas -donde se hallaba- y no comparecer ante la Audiencia Nacional.
Independientemente del juicio que pueda merecer de buen o mal gusto el gesto de Puigdemont de -cual “capitán araña («que embarcaba a la gente y se quedaba en tierra», según un popular dicho que se remonta hasta el siglo XVIII)- liderar un proceso independentista que ha llevado a su región a la ruina y a sus principales colaboradores a la cárcel, sin ningún resultado práctico (salvo una absurda petición de un periódico norteamericano de que Mariano Rajoy pida perdón por las cargas policiales del 1-O, como si el Presidente de los Estados Unidos tuviera que pedir perdón cada vez que hay un exceso de la policía norteamericana con un sospechoso norteafricano, o el propio Puigdemont tuviera que pedir perdón por la muerte de los desarmados presuntos terroristas islámicos abatidos mortalmente por los mossos el pasado mes de agosto), lo cierto es que este sujeto -probablemente con profundos problemas mentales que aminoran su responsabilidad penal- está dejando en las espaldas de sus principales colaboradores asumir la culpa del desmán independentista.
Porque, ¿con qué nos encontramos realmente en los sucesos de Cataluña de las pasadas semanas? Pues con una rebelión o sedición -ya resolverán los tribunales, en última instancia el Europeo de Derechos Humanos, al que seguro recurrirán los implicados, si ha sido una sedición o una rebelión- que ha pretendido forzar al margen de la Constitución Española la secesión de una parte sustancial del territorio español.
Y esta secesión se funda no en un proceso de reforma constitucional apoyado por una mayoría parlamentaria con capacidad suficiente para ello conforme a las normas constitucionales, sino en un proceso al margen de la Constitución y con fundamento tan sólo en la afirmación de una supuesta mayoría de la población, cuya representación se autoatribuyen, y en cuyo nombre se permiten adoptar acuerdos contrarios a las normas de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, incluso aprobando leyes para las no son competentes, organizando consultas populares expresamente suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Y durante todo el proceso se permiten utilizar los fondos públicos, los medios administrativos y el personal al servicio de la Generalitat de Cataluña, para cometer actos netamente ilícitos. Además incitando a sus partidarios a que con actos aparentemente pacíficos -pero de una gran coacción y violencia moral sobre los no partidarios de la independencia, incluso sobre sus familias- a colapsar la vida ciudadana y a impedir el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y el cumplimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las misiones encomendadas por la Autoridad Judicial y el Tribunal Constitucional.
Y la culminación de todo ello es la declaración de independencia por la que han sido ya encarcelados -en prisión preventiva- los exmiembros del gobierno de Cataluña que propendieron esa declaración. En breve declararán la presidenta y varios miembros del parlamento regional de Cataluña y puede que sigan el mismo camino.
En el Auto de la Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 por el que se acuerda dicha prisión preventiva, se hace un relato -resumido, obviamente, pero muy completo de la rebelión y de cómo se fue fraguando con un plan preconcebido- y tras analizar la concurrencia de suficientes indicios de la comisión de los delitos investigados y de todos los requisitos legales y jurisprudenciales, se decreta la prisión que comentamos.
Ahora en la opinión pública se están dando diversas reacciones, las mayoría de satisfacción por ver que -aunque lenta- ja Justicia funciona y unas evidentes actuaciones criminales que han causado grandes perjuicios al pueblo catalán al que decían defender y representar, y nos han puesto a todos los españoles en un riesgo cierto de balcanización (además, con clara intención de los rebeldes de llevarnos a esa situación de conflicto civil, véase la referencia constante a la Eslovenia a la ex Yugoeslavia y a Kosovo, en la que piensa que acudiría alguien en su socorro). Algunos, esencialmente del ámbito ideológico de Podemos y los separatismos, han visto en la prisión de los ex conselleres de Puigdemont una suerte de persecución cristalizada en la configuración de esos presuntos delincuentes como “presos políticos”.
Desde un juicio sereno y desde la perspectiva de la legalidad y el orden constitucional, hay que alegrarse no -claro- de la prisión de nadie (pues la privación de libertad es siempre una tragedia), sino de que el Estado de Derecho haya funcionado y se haya restaurado el orden constitucional sin “atajos”, ni excepcionalidades. Tan sólo aplicando en todo momento la legislación en vigor y aprovechando las posibilidades que el ordenamiento jurídico ofrecía (como el famoso artículo 155 de la Constitución), pero siempre con mucha moderación y sin buscar otro objetivo que restaurar la normalidad democrática y celebrar elecciones con todas las garantías.
Debemos, pues, estar muy tranquilos. El sistema legal y judicial español funciona, y funciona bien, patroneado desde la serenidad y la cabeza fría pero firme, con unas autoridades judiciales independientes y rectas aplicadoras de la Ley, y -muy importante- con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han dado un ejemplo impresionante de disciplina y cumplimiento sacrificado del deber sin dejarse llevar de las provocaciones del plan separatista que -en su afán de balcanización de España- atentó contra la paciencia y la honorabilidad de los agentes y sus familias. Por cierto, que sería el momento de -tras esta alta prueba de servicio sacrificio- además de otorgarles todo el reconocimiento y agradecimiento que la ciudadanía espontáneamente les ha ofrecido, superar la injustísima discriminación retributiva que padecen y homologarles no sólo con los cuerpos de seguridad autonómicos y locales mejor pagados, sino con los que lo sean de nuestro entorno europeo.