En las recientes elecciones legislativas marroquíes sólo votó el 43 por ciento del censo electoral. Menor, incluso, fue el porcentaje de votantes en el referéndum sobre el trascendental acuerdo de paz de Colombia: un 37%.
Esa baja participación electoral es un fenómeno creciente y que se está generalizando, además, en el mundo democrático. En los comicios de muchos países, desde Chile hasta Suiza y desde Malí hasta Lituania, solamente vota de forma sistemática menos de la mitad de la población con derecho a hacerlo.
Este desinterés por la cosa pública podría ejemplarizarse en Estados Unidos, donde hay que inscribirse en un registro para poder votar. Aun así, mientras en 1964 sólo se abstenía el 4,2% del padrón electoral, en 2012 ese porcentaje llegó al 32,1%.
Ya ven cómo están las cosas. Por eso, la legislación de algunos países obliga a votar a sus ciudadanos bajo la amenaza de sanción. Ni por ésas. En México, Grecia o Paraguay, donde el voto es obligatorio, más del 30% de los electores suele quedarse en casa.
Algo está pasando, pues, y no va precisamente en la buena dirección. Y es que, por una parte, hay muchos demagogos que propician un populismo que prefiere la agitación callejera al voto y, por otra parte, proliferan los políticos que anteponen su beneficio propio al bien común.
Así están las cosas si no lo remediamos. En el caso español, el constante y suicida desacuerdo partidista nos mantiene todavía a unos centímetros de unas terceras elecciones en las que la participación ciudadana sería menor que en las anteriores.
¿Es eso lo que queremos? ¿Qué las decisiones sobre nuestro futuro colectivo las acabe tomando una minoría cada vez más menguante?
Artículo de opinión de Enrique Arias Vega