Cuentan que entre los senadores cunde el ateísmo, y todo, debido a que cuando les preguntas por su actividad, te contestan que «son ateos ya que no creen que exista una vida mejor [que la de los senadores] después de la muerte». Molesta el aforismo, ¿no? A nosotros sí. No es la primera vez que apuntamos a algunas instituciones del Estado -lo hemos hecho con las desvertebradoras para los valencianos diputaciones provinciales- que han quedado viejas, anquilosadas, sin sentido y que suponen tal gasto que, o les damos otro sentido o nos deshacemos de ellas ¡ya!. Y más en un momento en que los ciudadanos han mostrado su hartazgo de cómo funciona la cosa pública, o peor, de cuánto nos cuesta mantener determinadas instituciones inservibles.
Como saben, en breve, las cámaras autonómicas recién constituidas renovarán los senadores territoriales nombrados por cada una de ellas; en general, y por un consenso que no huele demasiado bien, suelen utilizar estos nombramientos para “jubilar” a los presidentes autonómicos que pierden su cargo. De hecho, suena este destino para Alberto Fabra y a Joan Lerma, allí lo tenemos desde hace mucho tiempo… Para mayor preocupación y demostrando su poca importancia, en ocasiones, y para acallar las pretensiones de Artur Mas o el presidente catalán de turno, el PP o el PSOE han especulado con cambiar su ubicación de Madrid a Barcelona. ¿Qué más da dónde esté si su acción legislativa es muy reducida? No somos los primeros en plantearnos su utilidad, cíclicamente suelen aparecer declaraciones de políticos o juristas que abogan por su conversión en un ente de verdadera representación territorial de las CCAA, frente a la supuesta funcionalidad actual como cámara de segunda lectura legislativa. Si en el caso de gobiernos que cuentan con mayoría absoluta (sustentados por un único partido o por varios) parece oprobioso que se gobierne a golpe de decreto ley, visualizando la poca funcionalidad del Congreso, ya nos dirán ustedes en esos caso lo qué pinta el Senado. Por nuestra parte, si no tiene funcionalidad, que desaparezca y seguro que esos recursos (cerca de 52 millones por ejercicio) los pueden dedicar a un mejor fin. Y si los partidos políticos quieren jubilar a sus viejas glorias, que les paguen ellos un plan de pensiones y no los ciudadanos.