EDITORIAL. Los alcaldes indignados y el derecho a la vivienda

Con el título de “La vivienda, un derecho hipotecado” publica Amnistía Internacional (AI) un informe en el que pone en evidencia el grave problema de la falta de vivienda. Además pide que se paralicen urgentemente los desalojos hasta que se tengan garantías de protección de los derechos humanos. Porque sí, la vivienda es un derecho humano fundamental que como tal está recogido en la constitución española, y en algunas ocasiones, cuando alguna formación política lo recuerda, se le dice que es más bien es un intención que una mandato de obligado cumplimiento. Además, AI pide la modificación de la ley de Enjuiciamiento civil para que los jueces estudien cada caso en particular. Además, para esta ONG los diferentes gobiernos no han hecho suficiente frente a las cerca de 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008. La gran diferencia radica en considerar la vivienda en un bien de consumo o un derecho perentorio. Y mientras, la Sareb, el “banco malo” como se le conoce, acumula en su haber 80.000 viviendas cerradas; conviene recordar que a la carencia estructural de vivienda social que tiene la sociedad española, aun hay gobiernos, como la comunidad de Madrid, que vendía a “fondos buitres” parte de su parque de vivienda social, generando graves problemas a muchas familias, de hecho, a la más humildes, las más “tocadas” por la crisis.

Mientras a Joan Ribó (todavía) no le hemos visto ninguna actuación pública del lado de los desalojados, sus homólogas de Madrid y Barcelona, Manuel Carmena y Ada Colau, han intentado paralizar algún desahucio. Estos tres alcaldes, este trío de “indignados” –como los califica la prensa extranjera-, deben ser conscientes del poco recorrido que puedan tener sus acciones; lamentablemente para ellos, la voluntad política de acometer este problema que afecta a tantos ciudadanos es una competencia del gobierno central. Las CCAA también pueden no tomar medidas regresivas y generar y gestionar con transparencia un mayor parque de viviendas sociales. A Ribó, Carmena y Colau les queda la solidaridad y la presión que puedan ejercer, pero poco más. Eso sí, si alzan la voz, nos encontraran a toda la sociedad y el papel de los medios de comunicación que nos hagamos eco de esta justa reivindicación.