El pasado viernes anunció el Consell la eventual presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos del Estado para 2016, por la infrafinanción de nuestra Comunidad en dichos Presupuestos.
El primer paso del Consell es el encargo a sus servicios jurídicos del estudio de la viabilidad y fundamento de ese recurso. No se descarta la previa negociación en el seno de una Comisión bilateral -algo que, por otra parte, prevé la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- para intentar solucionar el problema.
La inconstitucionalidad de la infrafinanciación tiene un sólido fundamento, como no podría ser menos. Nuestro sistema tiene mecanismos legales para poder resolver jurídicamente todas las controversias, sin necesidad de acudir a coacciones, amenazas y –menos- a la violencia. En estas vías de solución jurídica de los conflictos es sobre lo que se estatuye el Estado de Derecho y es su mayor grandeza.
Pues bien, en el punto de la controversia sobre si estamos bien o mal (o muy mal) financiados hay dos caminos para elegir: uno es el de la coacción y presión con la amenaza de procesos independentistas –por la que ha optado alguna otra Comunidad (en algunos mensajes muy explícitamente)- y otro el de los creyentes y practicantes del Estado de Derecho y constitucionalmente leales (acudir a los procesos judiciales o constitucionales de resolución de controversias).
La Comunidad Valenciana y su Consell ha optado por esta segunda vía –tras una más que notable paciencia y tras sufrir varios fiascos en las sucesivas reformas de los sistemas de financiación autonómica- y pienso que no se equivoca.
El Gobierno del Estado que no ha dudado en residenciar en el Tribunal Constitucional la resistencia frente a los embates independentistas de una parte (minoritaria) de Cataluña, no podrá ahora objetar que la Comunidad Valenciana residencie en ese mismo Tribunal la decisión sobre la justicia de nuestra financiación, desde la óptica de los principios constitucionales de igualdad, solidaridad entre Comunidades Autónomas y de igualdad de derechos sociales y prestacionales de todos los ciudadanos independientemente de en qué Comunidad residan (obviamente el gobierno de cada Comunidad tiene facultades para orientar la prioridad de unas prestaciones sobre otras, pero la cuantía básica de asignación presupuestaria por habitante y servicio esencial y su igualdad interterritorial es indeclinable).
Pienso –y no sólo porque tenga deformación profesional, como abogado y juez, por la solución jurídica de las discrepancias- que por esta vía, bien argumentada y construida la evidencia y razón de nuestras demandas de financiación, vamos a tener más posibilidades de éxito que con el desarrollo de un secesionismo amenazador. Desde la lealtad valenciana, histórica y enraizada en nuestra idiosincrasia, hacia la unidad de España –sin abdicar de nuestra identidad, lengua y cultura propias- tenemos mucho más que conseguir, que con las aventuras en las que se han embarcado algunos vecinos.
Lo que sí es importante es ser firmes y emprender, sin temor, todas las vías que la legalidad y la veterana Constitución de 1978 nos ofrecen.
Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo