El Gobierno valenciano, lo público y lo privado

escraches y democraciaMariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal - Colaborador de Valencia News

En la actual política valenciana -a la política gubernamental me refiero- hay una tensión entre lo público y lo privado que me parece, hoy en día, desfasada.

Parece que desde las instancias del poder político ahora instalado en la Generalitat y en las principales ciudades hay una cierta reticencia hacia la participación privada en la gestión de los servicios públicos, así como una cierta tendencia a la inmisión del sector público en las esferas de la actividad privada.

Esto, en principio, podría parecer coherente dentro de los postulados clásicos de la vieja izquierda. Pero es difícil de incardinar dentro de las nuevas izquierdas europeas. Recordemos que fue el “nuevo laborismo” del líder laborista británico más carismático de las últimas décadas -Tony Blair- el principal impulsor de la colaboración del sector privado en los servicios públicos.

Al socaire de esos impulsos, se avanzó mucho en la implantación de infraestructuras importantes, no sólo en los aspectos financieros sino en la gestión. Incluso se llegó a concertar la gestión privada de servicios públicos impensablemente -con anterioridad- objeto de gestión privada, como los establecimientos penitenciarios o los jardines públicos.

Esta colaboración de los sectores privados en la implantación y gestión de los servicios públicos, ha permitido en Europa una modernización de los servicios públicos y de las infraestructuras, superando la crisis y el estancamiento presupuestario. Tuvo su principal exponente en momentos en los que el principal objetivo de los poderes públicos era evitar o reducir el endeudamiento y el déficit.

Ahora comienza su extensión en otras latitudes. Por ejemplo, en Latinoamérica, incluso en países con gobiernos declaradamente izquierdistas, como el de Rafael Correa en Ecuador.  Precisamente, en Ecuador se aprobó recientemente una norma para regular, permitir e incentivar la colaboración privada en los servicios públicos esenciales, como -y concretamente- el sanitario.

En otros aspectos, como el educativo, debemos recordar que fueron en España gobiernos y mayorías parlamentarias socialistas los que establecieron el vigente sistema de conciertos educativos y liberalizaron el sistema universitario, permitiendo las Universidades privadas, rompiendo así el monolítico monopolio estatal universitario.

También en numerosos otros aspectos de la Economía, la liberalización y la apertura a la mayor discrecionalidad de los operadores privados vino de la mano de gobiernos y mayorías socialistas.

Sin embargo, en el actual gobierno y parece que dentro de las directrices del pacto del Botánico -por el que partido socialista, Compromís y Podemos unieron sus fuerzas para imponerse a PP y Ciudadanos- la tendencia es claramente de limitación a la participación e iniciativa privada en los servicios públicos y a la limitación de la autorregulación de los operadores privados en la Economía.

No se ha llegado en nuestra Comunidad a extremos de otras latitudes -como la moratoria turística de Barcelona-, pero sí se han producido algunas manifestaciones preocupantes. Y digo preocupantes, porque estas tendencias, contrarias a algunos principios esenciales de las actuales Economías de Mercado, no estaban en las políticas impulsadas por los socialistas -y, obviamente, menos aún por los populares- y sobre ese consenso básico se desarrollaron varias de las líneas maestras del crecimiento económico español y de la convivencia pacífica.

Estas señales preocupantes son -por centrarme en algunas de las que tienen mayor incidencia en la vida de los ciudadanos- las acciones o anuncios de acciones contra el sistema de asistencia sanitario público concertado con el sector privado -de forma principal contra los hospitales de titularidad privada que cubren por concierto departamentos de salud del sistema público, las restricciones al sistema de centros privados concertados en los niveles de enseñanza no universitaria, los obstáculos en el nivel de enseñanzas universitarias a las Universidades privadas (con la privación del derecho a becas a los alumnos de la privadas -dentro de los mismos parámetros de requisitos académicos y de renta familiar de los alumnos de las públicas- y con la limitación a las prácticas de sus alumnos en centros sanitarios públicos), y el intento de suprimir la virtual libertad de horarios comerciales.

Muchas de estas medidas es notorio que no son compartidas por todos los socios de gobierno, pero la situación de compromiso en que se encuentra el actual Consell puede hacer que las soluciones más extremas se impongan y pongan en peligro la recuperación y la calidad de los servicios públicos, además de conculcar algunos de los derechos de la ciudadanía.

Esperemos que se recupere el sentido conciliatorio que caracterizó la etapa más próspera y con mayores índices de libertades de nuestra historia contemporánea.

Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal